El campo salió a las rutas en Uruguay

Internacional 30 de enero de 2018
Los productores del vecino país enfrentan una dura crisis derivada de la pérdida de competitividad y decidieron hacerse oír. Los problemas son similares a los de las economías regionales argentinas.
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Las rutas del Uruguay en este enero de 2018 se parecen mucho a las de Argentina entre marzo y julio de 2008. Concentraciones, tractores, camionetas, fardos sobre el pavimento, banderas –las del sol y nueve franjas, claro– y, sobre todo, malestar y quejas, mucho malestar y muchas quejas.

Como los productores agropecuarios argentinos hace diez años salieron a las rutas para expresar su rechazo a la Resolución 125, de retenciones móviles, los chacareros uruguayos apelan hoy a la misma metodología para protestar por la complicada situación que enfrentan, consecuencia directa de la pérdida de competitividad, tal como sucede en nuestro país con las economías regionales. Es más: varios reclamos de los uruguayos son similares a los de los argentinos.

Hay, sin embargo, una diferencia no menor: los productores argentinos votaron masivamente al presidente Mauricio Macri, y, obviamente, le tienen paciencia aun con problemas serios de competitividad; los productores uruguayos, en cambio, no votaron mayoritariamente por el presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio.

En 2008, cabe recordarlo, mientras el campo argentino estaba en pie de guerra contra la administración de Cristina Kirchner, el campo uruguayo disfrutaba de una inesperada “luna del miel” con el socialista (¿o socialdemócrata?) Vázquez, quien por entonces transitaba el tercer año de su primer mandato.

Sin retenciones, con los precios de los commodities por las nubes y con un ministro de Ganadería (José “Pepe” Mujica) que ya no hablaba de reforma agraria –como en sus tiempos de tupamaro– sino de apoyar al sector agropecuario y tomarlo como base para el crecimiento del país, los productores uruguayos supieron aprovechar muy bien aquella época de “vacas gordas”, para envidia de los argentinos que hasta ansiaban un presidente como Tabaré y un ministro como el Pepe.

Todo cambia.
Pero nada es para siempre. Hoy el sector agropecuario uruguayo vive una crisis de rentabilidad con tres problemas centrales: aumento de costos de producción –combustibles, insumos, electricidad e impuestos–, precios internacionales planchados y peso sobrevaluado. Cualquier similitud con la Argentina no es coincidencia.

La pérdida de competitividad, en consecuencia, se acentúa y el malestar con el gobierno frenteamplista crece. Entre los reclamos sectoriales puntuales, como sucedió en Argentina en 2008, se “cuelan” algunos reclamos que pueden, acaso, ser considerados partidarios. El interior del Uruguay, en general, y los productores agropecuarios, en particular, históricamente han simpatizado con el Partido Nacional (Blanco), el de Aparicio Saravia, Luis Alberto de Herrera, Wilson Ferreira Aldunate y Luis Alberto Lacalle Herrera, entre otros.

Y el Partido Nacional, sostienen algunos analistas, tiene posibilidades de volver al poder en 2020 de la mano de Luis Lacalle Pou, el hijo de Lacalle Herrera quien fuera Presidente entre 1990 y 1995. En el oficialismo, obviamente, ven en la protesta ruralista más intereses partidarios que auténticos reclamos sectoriales
Sea como fuere, la crisis existe y el campo, como nunca antes, salió a pelear en las rutas.

La primera movilización surgió el 9 de enero en varias rutas del país –para desgracia de miles de turistas argentinos que se dirigían hacia las playas del este– motorizada por productores autoconvocados a través de redes sociales.

Proclama.
Aquella primera “movida” tuvo una segunda edición el último martes en el departamento de Durazno, en el centro del país, y en donde los autoconvocados y las entidades gremiales protagonizaron una multitudinaria manifestación.

Allí se leyó una proclama con los reclamos sectoriales, pero también con definiciones políticas que molestaron al Frente Amplio.
La primera medida de la proclama es “suspender los ingresos a la función pública” al menos por tres años. La única excepción a la restricción sería “los cargos que tengan requisito de título habilitante” o vinculados a la educación o la salud.

Los productores también reclaman “rever todos los gastos de asesores, cargos de confianza y secretarios personales que no son esenciales”. El pedido, se explicó, “implica también a todas las intendencias (gobernaciones)”.

El movimiento también exige que se suspenda el pago de “partidas que no son necesarias” para los legisladores, como gastos “en prensa, de celular, de representación y de secretarios”. Asimismo, piden que los legisladores estén obligados a “rendir sus viáticos y devolver los sobrantes”.

También reclamaron “eliminar las campañas publicitarias del Estado que no tengan fines sanitarios”, así como “recortar la flota de vehículos oficiales a la mitad” o “eliminar los costos de alquileres para despachos y oficinas de los organismos” para “acomodarse con lo que se tiene”.
Los productores entienden además que el gobierno de Vázquez debería “rediseñar” las políticas sociales en salud y educación buscando “su mayor eficiencia” y con el objetivo de “mejorar la calidad de vida de las familias y desarrollar la cultura de trabajo”.

En lo sectorial, la proclama exige al gobierno que el litro de gasoil se ubique en 31 pesos (uruguayos) y que la energía eléctrica experimente una rebaja de 15% para “darle competitividad a sectores que consumen energía para su producción”.

Los productores remarcaron que “no se pide quita de las deudas para nadie” aunque el endeudamiento “está acuciando a muchos sectores” del campo. En ese sentido, pidieron “períodos de gracia” para el pago de deudas y “exoneraciones” para algunos sectores.

El último punto de la proclama fue el precio del dólar, al señalar que existe un “atraso cambiario”. “Nuestra función no es decir si el atraso es de 10, 15 o 20%, nuestra función es poner el tema sobre la mesa y solicitar medidas que lo eliminen”, señalaron.

La proclama, como se ve, pudo haber sido leída por cualquier productor argentino en cualquier parte de la Argentina, básicamente porque los problemas son similares –por no decir iguales– en uno y otro país, más allá de algunas particularidades.

La pérdida de competitividad del campo, sobre todo de las economías regionales, es alarmante, y ni Macri ni Vázquez –para muchos ubicados en veredas ideológicas opuestas– le encuentran solución. Al menos hasta el momento.


La tentación de devaluar
La devaluación del peso fue durante muchos años la vía elegida por los gobiernos para mejorar la competitividad del sector agropecuario, a pesar de que a los pocos meses esa medida se volvía un boomerang porque disparaba precios y costos, y profundizaba los procesos inflacionarios.

Hace unos años, quien esto escribe le preguntó a un dirigente de la Asociación Rural del Uruguay, que visitaba Paraná, si los productores agropecuarios le pedían devaluación al gobierno. Eran tiempos del primer mandato de Tabaré Vázquez, con José Mujica como ministro de Ganadería. El hombre, enfático, respondió que en Uruguay los productores habían aprendido que la devaluación no era el camino y que la solución cuando los números se ponían “finitos” era mejorar la competitividad.

Han pasado varios años, tal vez más de 10, y los productores uruguayos se olvidaron, pareciera, de aquella lección. En la proclama de Durazno denuncian que existe “atraso cambiario”; piden, en buen romance, una devaluación.

En Argentina, en los últimos tiempos, el discurso de las entidades vinculadas al sector agropecuario es de rechazo a cualquier devaluación. Algunos dirigentes, sin embargo, creen que por ahí pasa la solución, al menos temporaria, para mejorar la competitividad.

El Diario