Más allá de un acompañamiento pleno al Gobierno en su estrategia destinada a frenar el COVID-19 en la Argentina, los movimientos sociales expusieron este jueves ante las autoridades de los ministerios de Desarrollo Social y Salud un fuerte reclamo por la falta de alimentos en muchos barrios populares, la necesidad de dar respuestas certeras en los operativos de control de contagios y la expresión unánime de una situación de hartazgo general que se vive en los sectores vulnerables luego de 60 días de cuarentena sin un horizonte claro de salida de esta crisis. 

La intención inicial de la reunión por parte del ministro Desarrollo Social, Daniel Arroyo y su par bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, era avanzar hacia un esquema más coordinado del programa Detectar en las villas destinado a medir casa por casa los casos de contagio de coronavirus. Pero los referentes de organizaciones sociales hicieron una fuerte catarsis y plantearon duros cuestionamientos al Gobierno por la situación social que se está viviendo en los barrios populares con el avance de la cuarentena que el presidente Alberto Fernández extenderá hasta el 8 de junio.

Según confiaron a Infobae varios de los actores de la reunión que se desarrolló en el Ministerio de Desarrollo Social en el primer tramo del encuentro hubo un repaso de Arroyo, Larroque y el Subsecretario de Gestión de Servicios del Ministerio de Salud, Alejandro Collia, sobre los operativos del plan Detectar y coincidencias plenas de establecer un mayor control del COVID-19 en las villas por el riesgo de contagios masivos en lugares de altos niveles de hacinamiento.

Sin embargo, en el segundo tramo de la reunión empezaron a aflorar los reclamos, quejas y cuestionamientos al Gobierno sobre todo por la falta de alimentos que no llegan a muchos barrios a raíz de una demora admitida desde Desarrollo Social en la adquisición de insumos.

“Estamos dispuestos en seguir apoyando el Gobierno en los operativos para detectar el virus en los barrios pero también planteamos que hay un problema de hambre, falta de alimentos y ausencia de respuesta que no lo vamos a pasar por alto”, expresó a Infobae Gildo Onorato del Movimiento Evita.

No fue la única voz de disconformidad en este línea desde los movimientos sociales. Hubo coincidencias de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa, la Federación de Trabajadores de la Economía Social y el Movimiento Popular La Dignidad en que los alimentos no están llegando a los barrios.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social admitieron que hay demora en las compras y plantearon como propuesta alternativa la decisión del Gobierno de descentralizar la compra de alimentos para acelerar la llegada de insumos a los barrios. Esto se empezó a hacer en estos días con el financiamiento estatal a movimientos sociales, iglesias o municipios bajo un control del Ministerio que lidera Arroyo. Pero aun no es suficiente.

La reunión con los movimientos sociales se da tras una semana de tensión donde se conoció la muerte de Ramona Medina por COVID-19. El fallecimiento de esta referente de la villa 31 generó un fuerte malestar en los movimientos sociales. El presidente Alberto Fernández recibió anteayer a los dirigentes de la agrupación Garganta Poderosa a la que pertenecía Medina y les prometió asistencia del Estado.

Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, destacó a este medio que “uno de los problemas centrales en esta cuarentena sigue siendo que los comedores están desbordados, no llegan los alimentos y hay provincias donde la comida ni siquiera llegó en lo que va de este mes”.

Arroyo comentó que desde el Gobierno se convocó a empresas alimenticias para que participen en las licitaciones de compras de alimentos con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población vulnerable, en el marco de la emergencia sanitaria.

“Desde el ministerio tenemos 5 líneas de asistencia alimentaria. La compra y distribución de alimentos es una de las más importantes y es fundamental la participación de empresarios y productores en el sistema de compras, porque antes dábamos de comer a 8 millones de personas y ahora a 11 millones”, dijo Arroyo en relación a una reunión que compartió hoy con el ministro de Producción, Matías Kulfas y los empresarios del sector alimenticio.

Sin embargo, la respuesta no convenció a los referentes sociales que incluso reclamaron la posibilidad de instrumentar la ley de abastecimiento para obligar a los productores a vender en tiempo y forma los alimentos para los sectores humildes.

En tanto, otro de los reclamos esgrimidos desde los movimientos sociales tiene que ver con la falta de articulación entre municipios, Estado nacional y agrupaciones sociales a la hora de poner en marcha los operativos de control de contagios.

Silvia Saravia, de Barrios de Pie, expresó a Infobae que “los operativos de control no ofrecen una respuesta clara ante los casos sospechosos de COVID y esto hace que la gente muchas veces no quiera salir a testearse o no dicen que tienen fiebre”.

A esta alerta se le agregó la falta de información con la que cuentan los movimientos sociales de parte del Gobierno en relación a los niveles de contagio en las villas y el incremento del virus en los barrios populares, un tema que preocupa mucho a la Casa Rosada.

La reunión de hoy formó parte del quinto encuentro que se viene llevando entre el Gobierno y los movimientos sociales para coordinar acciones de prevención y asistencia en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Hacia el final de la reunión quedó el compromiso de Arroyo y el resto de las autoridades de volver a reunirse el lunes para encontrar solución a los reclamos. Pero quedó latente entre los líderes sociales la idea de empezar a generar protestas callejeras. De hecho el Polo Obrero y el Movimiento Dignidad ya tienen en la mira un plan de lucha en medio de la cuarentena.