Aduciendo “irregularidades e incumplimientos” de las concesionarias, el gobierno de Alberto Fernández desactivó el esquema de Participación Público Privada (PPP) para financiar obras públicas, impulsada durante la gestión de Cambiemos por el exministro de Transporte Guillermo Dietrich.

De común acuerdo, el Ministerio de Obras Públicas, que encabeza Gabriel Katopodis, y las empresas, rescindieron hoy los contratos de dos corredores viales de los seis adjudicados inicialmente, centrados en las rutas entre Buenos Aires y Córdoba, bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP).

La contratista conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint S.A. y la española Copasa, a cargo de los corredores E y F, acordó con el Gobierno la extinción de los contratos y seguirá negociando con el ministerio hasta el 30 de noviembre una salida similar.

Incumplimiento de trabajos

“El esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”, afirmó Katopodis.

Y continuó: “El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”, agregó el ministro de Obras Públicas y ex intendente de San Martín.

Desde Obras Públicas sostuvieron que en mayo pasado “comenzó a intimarse” a las empresas por sus incumplimientos en los trabajos. A través de Vialidad Nacional, se llegó al acuerdo de rescisión con las empresas, que tendrán dos meses más para “salir” de la negociación con el Estado en buenos términos en las concesiones restantes.

Corredores E y F

El Corredor E abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana – Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe. En tanto, el Corredor F comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33, informaron fuentes oficiales.

“Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2 por ciento”, aseguraron desde Obras Públicas a través de un comunicado.

“Desde el Gobierno mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas. Por eso, Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años”, agregó Katopodis.

La inversión comprometida

Los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5400 millones en cinco años para la construcción de 3400 km de autopistas y rutas. “Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país, consignó La Nación.

“De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento”, agregaron desde el Gobierno, dónde prometieron que las obras paralizadas “se van a retomar” en los próximos meses.