Tras la polémica por el confuso episodio entre el cantante Chano y un policía, Luis Petri, diputado nacional por la UCR junto a otros legisladores de la misma agrupación partidaria, presentaron un proyecto de ley para que se autorice y en consecuencia se regule la utilización de las pistolas taser por parte de los uniformados de la Policía Nacional. Además, la iniciativa hace hincapié en la necesidad de precisar normativas que indiquen las condiciones y circunstancias en las que un efectivo puede usar este tipo de arma.

«De haber contado con las taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de Chano o el fallecimiento del policía Roldán», aseguró el dirigente opositor y recordó: «En diciembre del 2019, el actual Gobierno derogó el protocolo de uso de armas de fuego y no letales». «Atando de manos y exponiendo a la policía», criticó y añadió: «Tanto las Fuerzas Federales, como las provinciales, deben estar dotadas de pistolas Taser, capacitado el personal policial y establecidos los protocolos para su correcto funcionamiento».

En esa línea, aseveró: «No hay excusas para que ello no suceda» y destacó: «Cabe recordar que en el año 2019 el Ministerio de Seguridad emitió la resolución 395/2019, dictada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, mediante la cual se aprobaba y reglamentaba su uso». Sin embargo, recalcó: «Normativa que fue derogada por el actual Gobierno Nacional, mediante la Resolución 1231/2019, lo que ha ocasionado un vacío legal en esta materia y la  imposibilidad de proceder a su adecuado y correcto empleo».

Frente a ese panorama subrayó: «Nuestra iniciativa recepta la buena reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo en el año 2019, pero además dispone, a fin de eliminar cualquier tipo de controversia respecto de las mismas, que sólo deberán utilizarse exclusivamente en situaciones en que hubiera estado justificado el empleo de una fuerza mayor o letal y siempre que no produjere un daño excesivamente superior al que se quiere hacer cesar».

Por último, Petri detalló: «Se prohíbe su utilización contra personas vulnerables, tales como niños, mujeres embarazadas o ancianos y en otros supuestos que no hagan aconsejable su uso de acuerdo a criterios científicos y conforme lo determine la reglamentación». Para concluir, el proyecto sostiene, por un lado, que sea obligatorio que todos los móviles policiales destinados a tareas de prevención dispongan de este tipo de armas y por el otro, que estas se encuentren a disposición cuando los efectivos deban asistir a eventos masivos a fin de evitar riesgos mayores con armas de fuego.