La presidenta de la Comisión Familias, Niñez y Juventudes en Diputados, Roxana Reyes (UCR), presentó un proyecto para la creación de un Registro Nacional de Personas Deudoras Alimentarias (R.N.P.D.A.) en el ámbito del Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En su iniciativa, la radical señaló que “en la Argentina, como en otras regiones, las familias no siempre resuelven adecuadamente la organización familiar de la mejor manera. La alta tasa de divorcios y separaciones en general se produce en contextos de alta conflictividad familiar”. Por ese motivo, propone la creación de este registro, ante “la necesidad imperiosa de que el Estado actúe en pos de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes”, replicó el sitio Parlamentario.

“Creemos que es necesario contar con un registro de orden nacional y que sirva para entrecruzar la información de las provincias, con el objetivo de evitar que aquellas personas obligadas a cumplir con el deber de asistencia a su descendencia no lo hagan. Cuando las familias no pueden asistir a sus hijos o hijas, el Estado debe estar presente y cumplir su rol de garante, pero cuando pudiendo contribuir a las necesidades de sus hijos o hijas, teniendo recursos y medios dejan de cumplir con sus obligaciones alimentarias, también tiene que estar el Estado presente y actuar. Basta de hijos mendigando la cuota alimentaria”, enfatizó la legisladora.

El proyecto de ley consta en que se inscriban a las personas deudoras alimentarias que hayan sido declaradas como tales por autoridad judicial y llevar un listado de las personas que adeuden total o parcialmente prestaciones alimentarias consecutivas o alternadas, ya sea como prestaciones provisorias o definitivas fijadas u homologadas por sentencia firme.

Además, el texto prevé que se expidan certificados de libre deuda para trámites como: solicitud de pasaporte o su renovación, habilitaciones para la apertura de comercios y/o industrias, solicitud de la licencia de conductor o su renovación, solicitudes de apertura de cuentas corrientes y de otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito, como también cualquier otro tipo de operaciones bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine, entre otros.

“El Estado es precisamente el garante de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y en tal sentido debe diseñar e implementar todas las medidas que sean necesarias para que las disposiciones de la Convención de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (CDN) y demás normativas internacionales y nacionales se puedan aplicar efectivamente, garantizando así la protección integral a la infancia. Para eso es absolutamente necesario avanzar en una política pública que cree dicho registro y garantice los derechos”, concluyó Reyes.