El Defensor del Pueblo de Paraná afirmó que es un “despropósito” cobrar un importe extra a los usuarios de gas

Entre Rios 09 de octubre de 2018
El titular de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Luis Garay, calificó como un “despropósito” que se traslade a los usuarios el impacto que la devaluación tuvo en las empresas de gas
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Anunció que la asociación que reúne a las defensorías del pueblo se reunirá con representantes del Enargas y que espera que el Gobierno nacional de marcha atrás con la polémica medida.

Sigue sumando cuestionamientos la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que obliga a los usuarios a pagar un cargo extra para compensar a las empresas de gas por la devaluación.

“Es un despropósito, una injusticia”, manifestó el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, quien afirmó que este martes la comisión directiva de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) se reuniría con representantes de Enargas para manifestar el “rechazo a la decisión del Gobierno nacional de trasladar a los usuarios el impacto que la devaluación tuvo en las empresas”.

“Creemos que el Gobierno nacional debe dar marcha atrás con esto, como lo ha hecho en otras oportunidades, y que no tengamos la necesidad de recurrir a la Justicia porque no es bueno judicializar las cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas”, aseveró.

Consideró que es “una medida equivocada e injusta” y adelantó que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina evalúa los pasos a seguir en el caso de que la decisión siga firme.

“Se trata de una situación contractual de dos empresas, las distribuidoras y las mayoristas, y fue el Gobierno el que determinó una política económica que derivó en una devaluación”, indicó, al tiempo que añadió: “Esto una injusticia, es algo inédito y es el colmo que el usuario pague las pérdidas que pueden llegar a tener las empresas”, sostuvo.

Finalmente dijo en declaraciones a esta Agencia: “Sé que algunas distribuidoras plantearon en las audiencias públicas el impacto negativo de la devaluación, pero jamás pensábamos que el Gobierno iba a definir algo así. Es un despropósito”.

APF