Jueces entrerrianos minimizan el fallo sobre Ganancias

Entre Rios 29 de noviembre de 2018
López Arango mencionó: “Lo que se resolvió es la medida cautelar. Veo que hay mucho titular y poco contenido. Si bien es una señal que puede preocuparnos, la cuestión de fondo no ha sido tratada ni tampoco la constitucionalidad de la ley, que tiene que tramitarse y resolverse”.
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La jueza Gabriela López Arango, presidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, remarcó que el fallo de la Corte Suprema sobre el cobro del impuesto a las ganancias a magistrados, sólo suspendió la cautelar que impedía cobrar el tributo a quienes ingresaron a la Justicia a partir de 2017 y recordó que la cuestión de fondo, si es no constitucional la norma que establece el gravamen, aún no ha sido resuelta.

La cautelar decía que se suspendían los efectos de la ley 27.346 mientras tramitaba el proceso principal, que es donde se está planteando la no aplicación de la norma que establece el cobro de impuesto a las ganancias a todos aquellos funcionarios judiciales nombrados a partir del 1º de enero de 2017.

La titular de la Asociación de Magistrados consideró que es “anticiparse demasiado” entender que este fallo sobre una medida cautelar (algo que no es habitual en la Corte Suprema) podría vislumbrar qué resolverá el máximo tribunal cuando llegue a sentencia la cuestión de fondo, es decir si es constitucional o no el cobro del tributo a los jueces.

“En algunas declaraciones que he leído del Presidente de la Corte (Carlos Rosenkrantz), él se ha mantenido en la idea de la intangibilidad de la remuneración. Todavía hay tela para cortar. Veremos”, sentenció.

Asimismo, consignó: “En escalas salariales achatadas, donde la diferencia es poca entre un cargo y otro, nadie querrá ascender, porque le sacarán el impuesto a las ganancias. A esto se le suma las asimetrías provinciales: hay provincias donde (los magistrados) ganan la mitad que en Entre Ríos. Si les sacan el impuesto, estará seriamente afectada la remuneración de los magistrados”.

Amparo

En orden a esto, recordó que cuando se discutía la ley, se hablaba de personal que había ingresado al Poder Judicial, pero luego se eligió el término “nombrado”. “Hay que ver qué se entiende por nombramiento: si al entrar al Poder Judicial o si la designación del juez, si hubiera sido ‘ingresado’ no se generaba ninguna discusión”.

Al respecto, mencionó que existe un amparo en la Constitución Nacional, que establece que los jueces no pueden ver reducidos sus haberes bajo ningún concepto. “Hay que discutir en base a lo que establece la Constitución”, precisó.

Además, diferenció: “Los que trabajamos en provincias, tenemos una actividad muy diferente a Comodoro Py (sede de la Justicia Federal porteña). Nada que ver. Estamos de frente con la gente, tramitamos los expedientes de otra manera y cuando se descree tanto de la Justicia, es porque todo el mundo focaliza en lo que ve en Buenos Aires. Y olvidan que el trabajo en las provincias es muy distinto, tenemos otra visión”.

“Pegarle a los jueces por lo que ganan es un elemento importante para hacer política”, agregó la dirigente.

López Arango mencionó también que la demanda había sido presentada por la Asociación de Magistrados de la Nación, no por la Federación de Magistrados, donde está agremiada la entidad provincial.

El Diario