Errores en sueldos: reclaman el pago por planilla complementaria

Entre Rios 26 de septiembre de 2017
Otra vez los errores en la liquidación de los sueldos docentes. Agmer solicitó el cese de las equivocaciones en las liquidaciones.
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Los docentes volvieron a reclamar al Gobierno que ponga fin a los errores que se repiten en la liquidación de los sueldos del sector, la plantilla más importante en el Estado entrerriano, compuesto por unas 50 mil personas.

Las quejas se plantearon por primera vez en noviembre último, y desde entonces las discusiones han sido constantes, y las soluciones no se han dado.

Ahora, la conducción provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) reiteró el reclamo para que se ponga un punto final a los “errores de liquidaciones y el pedido de que los funcionarios asuman sus responsabilidades políticas en este tema”.

El sindicato demandó que “de manera inmediata se habilite una fecha complementaria de pago para los casos de malas liquidaciones o no pagos de aguinaldo, salario familiar, zona y demás ítems del salario docente”.

“Viendo que aún se dan casos de errores en las liquidaciones y pagos de, por ejemplo, salario familiar, y comprendiendo como trabajadores la importancia de esas ausencias de pagos, desde Agmer consideramos fundamental que se revean esas situaciones y se abone lo adeudado –dijeron desde la conducción provincial del sindicato--. Pedimos que de manera inmediata y sin más dilaciones se generen los mecanismos para que los docentes cobren lo que corresponde por complementaria”.

DEMANDA. La demanda por los errores de liquidación desde el sector sindical no es nueva.

El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que el martes 18 de julio último sesionó en Concepción del Uruguay, decidió pedir al Gobierno la baja del acuerdo con la empresa Lemondata SA, responsable del nuevo sistema de liquidación de sueldos y que desde noviembre viene generando “errores” que han provocado el continuo malestar y la queja de maestros y profesores.

La última vez ocurrió con la liquidación de la primera cuota del sueldo anual complementario. El Gobierno primero rechazó que hubiera errores, pero después tuvo que aceptar los yerros, y los corrigó mediante planillas complementarias. “Los llamados errores de liquidación aumentaron en proporción al pagarse el aguinaldo y así vemos cómo el sistema proporcionado por la empresa Lemondata S.A. no se adapta a la realidad docente y por lo tanto debe ser dejado de lado y volver al sistema vigente hasta octubre de 2016”, señaló aquel documento que aprobaron los secretarios generales de las 17 seccionales de Agmer.

Entonces, Agmer dio un paso más y anunció que va a reclamar que el Tribunal de Cuentas de la Provincia encare una “auditoría acerca del funcionamiento del sistema de liquidaciones docentes desde la implementación del actual sistema a la fecha, donde se determine quiénes realizan las liquidaciones (si fueron empleados estatales o privados), y la magnitud de los errores”.

Sergio Urribarri, siendo gobernador, fue quien contrató los servicios de Lemondata, cuyo dueño es el empresario Diego Armando Cardona Herreros, según reveló la revista Análisis. Herreros también aparece en la firma Relevamientos Catastrales SA, a la cual se le adjudicaron contratos millonarios durante el Gobierno del hoy presidente de la Cámara Baja.

Lo que se conoce de la empresa y el empresario se supo por investigaciones periodísticas, pero que aún parece no mover ninguna investigación en la administración pública.

SENTENCIA. La cuestión llegó a la Justicia, mediante recursos de amparo presentados en forma particular que se han visto afectados en sus ingresos por los “errores de liquidación” de los sueldos.

A principios de agosto último, a Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) condenó al Consejo General de Educación (CGE) a abonar en tiempo y forma los sueldos docentes que se han liquidado con errores, producto de las complicaciones del Sistema Administrativo de Gestión Docente (SAGE).

El fallo, que benefició a Sandra Carina Barreto, docente de la Escuela Osvaldo Magnasco, de Victoria, que llegó a la Justicia con un amparo por la falta de pago del sueldo de junio, terminó haciendo un severo llamando de atención a Educación respecto a los así llamados “errores de liquidación”, que puede provocar un efecto cascada.

El fallo fue firmado por los jueces Daniel Carubia y Miguel Giorgio, con la obstención de la jueza Claudia Mizawak. En su voto, Carubia hace notar la “explícita confesión” del Consejo de Educación “de haber omitido el pago de los haberes correspondientes al mes de junio de 2017, que debía percibir la señora Barreto”, aún cuando “pesaba el expreso deber legal de abonarlos en tiempo y forma”, y que esa obligación no podía aludirse “en la aprobación del trámite en el sistema SAGE, toda vez que surge de los informes producidos en las distintas dependencias del Consejo General de Educación, que la señora Barreto tiene 3 años, 3 meses y 3 días de antigüedad y la agente revista en la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco del Departamento Victoria desde el 1/6/17 y continúa, como maestra Especial Departamento Aplicación Lengua SCV(1-6-A), no pudiendo convalidarse el postulado defensivo esgrimido por la accionada, que pretende desentenderse de su obligación, atribuyendo displicentemente el yerro a sus dependientes -como si ninguna vinculación tuviera con los mismos-, siendo que tal circunstancia proviene de las fallas e irregularidades que emergen del sistema de liquidación de haberes escogido por el propio CGE y derivó, en el caso, en la ilegítima privación de la percepción del salario de la actora”.

En primera instancia, un fallo dictado por la jueza de feria Gabriela Garbarino, había rechazado el amparo, y por eso el abogado Ramiro Pereira, que representa al a docente, fue en apelación ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que dio vuelta la sentencia de primera instancia.

EL DATO
15 mil pesos por docente

De acuerdo a lo que han informado las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) cada amparo que presenta un docente en reclamo de sueldos genera un gasto al Estado, “gane o pierda el juicio”.

Según ha dicho el titular del CGE, José Luis Panozzo, el gasto supone cifras que son de $ 15 mil por docente que acciona judicialmente.

El Diario