Entre Ríos contestó la demanda ante la Corte por el Fondo del Conurbano Bonaerense

Entre Rios 28 de septiembre de 2017
El fiscal de Estado, Dr. Julio Rodríguez Signes en representación de la provincia de Entre Ríos, elevó en el día de hoy jueves la contestación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a la demanda interpuesta por la gobernadora de Buenos Aires.
foto fiscalia

Lo que reclama Vidal es que le quiten al Fondo del Conurbano el techo de 650 millones de pesos, congelado desde 1996. En este contexto el funcionario detalló: “Hemos contestado el juicio más importante que le ha tocado afrontar a la provincia de Entre Ríos medido en pesos, teniendo en cuenta que si la Corte falla a favor de Buenos Aires, la provincia se vería desfinanciada y  el perjuicio ascendería a 3.500 millones”. Rodríguez Signes en referencia a la preparación de la defensa destacó que “la contestación constituye un minucioso trabajo realizado junto con el equipo de abogados de la Fiscalía de Estado, con el Ministro de Economía Hugo Ballay y el exMinistro Diego Valiero. Además fue un tema que se analizó y debatió en distintos ámbitos, con los fiscales de Estados de la República Argentina (salvo Buenos Aires) como así también con los legisladores de nuestra provincia”.


El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, confirmó que la provincia respondió a la demanda de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano, en la que planteó "la inconstitucionalidad" de todas las asignaciones específicas del Impuesto a las Ganancias, entre las que se encuentra el fondo.

En referencia al argumento central de la provincia en la contestación de la demanda el funcionario detalló: “Tal como hicieron otras provincias, planteamos la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas establecidas en la ley de impuesto a las ganancias, que incluye el 10 por ciento del fondo del conurbano, el 2 por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional, el 4 por ciento del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el 20 por ciento destinado a la Anses”. En esta línea el funcionario explicó que: “Las asignaciones especiales son inconstitucionales por agotamiento del plazo. Las asignaciones especiales no pueden durar para siempre y ya llevan 25 años, y una de las razones por las que carecen de legitimidad es que el plazo transcurrido ya las agotó. No solamente la del 10 por ciento del fondo para el conurbano sino también la del ANSES, por lo cual hay que decidir a través de un nuevo pacto fiscal una nueva distribución del impuesto a las ganancias”.

El planteo de inconstitucionalidad se basa en que, en consideración de las provincias, el artículo 104 de la ley de Impuesto a las Ganancias viola el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional que establece que es posible “establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables” siempre que la nueva norma establezca un objeto específico, “por tiempo determinado” y haya sido aprobada “por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.

Esos requisitos, considera la mayoría de las provincias, no fueron cumplidos al sancionarse las sucesivas leyes que modificaron la de Impuesto a las Ganancias y que rompieron, en la práctica, la rigidez que tiene la ley de coparticipación, que data de 1988. Esa norma, que establece la distribución federal de los recursos, solo puede ser aprobada por el Congreso Nacional con el acuerdo de todas las provincias con la Nación y debe ser ratificada por todas las Legislaturas provinciales. En la práctica eso requiere de un acuerdo político casi imposible de lograr. “Entonces terminaron modificando la ley de coparticipación con la de Impuesto a las Ganancias y eso es inconstitucional”, explica el fiscal de Estado entrerriano.

“Las provincias pensamos que el Impuesto a las Ganancias debería coparticiparse en un 100 por ciento, mientras que hoy solo se distribuye el 64 por ciento, producto de esas modificaciones a la ley”, expuso Rodríguez Signes. Esa nueva distribución afectaría directamente al 20 por ciento que corresponde a la Anses.

El fiscal de Estado admitió que la demanda planteada por Vidal "es el juicio más importante que le ha tocado afrontar a la provincia de Entre Ríos medido en pesos, porque son 3.500 millones de pesos para 2017, unos 4.100 previstos para el 2018 y el retroactivo sería de entre 15 mil y 18 mil millones de pesos que se reclaman a la provincia".

En referencia a la preparación de la defensa, el funcionario explicó que “la contestación constituye un minucioso trabajo realizado junto con el equipo de abogados de la Fiscalía de Estado, con el Ministro de Economía Hugo Ballay y el exMinistro Diego Valiero a través de la Comisión Federal de Impuestos (CFI)”. Además se analizó y debatió mediante el Foro Permanente de Fiscales de Estado de la República Argentina, en el que Rodríguez Signes es vicepresidente. En este ámbito se evaluaron todas las posibles defensas: “hay 22 provincias demandadas y cada una asume una posición distinta lo cual es bueno porque quedan cubiertas todas las posiciones de defensas, ante un único tribunal que es la Corte Suprema”.

Si bien Entre Ríos fue la primera provincia notificada por la Corte Suprema y la primera que debía contestar la demanda de Vidal, el viernes pasado cinco distritos ya hicieron sus presentaciones. Se trata de San Juan, Catamarca, Tucumán, La Pampa y Salta, que ya manifestaron su rechazo al planteo bonaerense y en su mayoría plantearon la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas. San Juan y Catamarca consideraron, además, que la Corte Suprema no tiene competencia para entender en el tema mientras que Salta afirmó que el nuevo reparto de fondos coparticipables se debe debatir en el Congreso.