El Senado aprobó el proyecto de financiamiento político: Los detalles

Nacionales 17 de abril de 2019
La iniciativa no sólo levantó la prohibición que actualmente tienen las empresas para realizar aportes de campaña sino que, además, establece un marco regulatorio para la propaganda en sitios web y redes sociales.
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El Senado nacional aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que habilita a las empresas a realizar aportes de campaña, pero el peronismo no logró incorporar a los sindicatos como sujetos habilitados.

Con 47 votos a favor y 2 en contra, la Cámara alta aprobó en general el proyecto que modifica la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos establece que las empresas podrán realizar aportes de campaña (algo prohibido por la normativa actual) por hasta el 2% de los gastos habilitados.

La iniciativa se aprobó con los votos de Cambiemos, el Bloque Justicialista y bancadas provinciales, mientras que Fernando "Pino" Solanas y Magdalena Odarda, del interbloque Río-Sur, se expresaron en contra y el kirchnerismo se ausentó.

Durante la votación en particular, Cambiemos se opuso al artículo que impulsó el justicialismo para excluir a los sindicatos del listado de personas físicas y jurídicas que tienen prohibido aportar a las campañas electorales, de manera que hubieran quedado habilitados para hacerlo.

Sin embargo, por tratarse de una ley electoral se requiere una mayoría de 37 votos para su aprobación y la bancada justicialista sólo consiguió 25.

Al ser rechazado ese artículo, se sometió a votación el dictamen de Cambiemos que mantiene la prohibición sobre los sindicatos y el Bloque Justicialista optó por votar a favor para garantizar la mayoría de 37 votos y evitar que el proyecto saliera sin el artículo referido a las prohibiciones.

No obstante, un grupo de legisladores justicialistas se opuso a esta alternativa: Daniel Lovera, José Mayans, José "Nato" Ojeda y Mario Pais votaron en contra del artículo propuesto por el dictamen de Cambiemos.

El debate

El justicialista Dalmacio Mera fue el miembro informante del proyecto y destacó: "Con Diputados hemos consensuado que es necesario blanquear el aporte privado a las campañas políticas, con el tope del 2% para que ninguna fuerza pueda ser cooptada o necesite de dicho aporte".

Por su parte, la oficialista Inés Brizuela y Doria sostuvo que "la democracia no tiene precio pero tiene un costo y hay una necesidad de fortalecer los sistemas de control de financiamiento".

El jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo a su turno que "cuando el ciudadano tiene conocimiento de manera pública sobre quiénes son las empresas que aportan a un frente electoral se reduce el margen del propio lobby a la hora de implementar una política pública".

En tanto, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, consideró que "quizás no es la mejor ley, pero es el comienzo de un sistema que tiene que ser más transparente, estar bancarizado" y sostuvo que sin este sistema, los empresarios "terminan todos en la causa cuadernos, donde también se refleja lo que es el aporte ilegal".

Solanas y Odarda justificaron su voto en contra del proyecto al señalar que la habilitación para que las empresas puedan aportar significa "la privatización de la política" y afirmar que "a la democracia la tiene que financiar el pueblo: es la única forma de tener un país soberano e independiente".

El oficialista Ángel Rozas resumió la postura de Cambiemos en contra de los aportes electorales por parte de los sindicatos, al señalar que "el sindicalista no maneja fondos propios, sino de los afiliados".

Esto fue rechazado, entre otros, por el justicialista Mario Pais, quien subrayó que "las empresas tienen accionistas en la Bolsa a los que no se va a consultar" a la hora de decidir a qué partido financiar.

"No puede ser que se legitime el aporte de quienes persiguen el fin de lucro y que no se les permita a aquellos que tienen la obligación constitucional de bregar por el mejoramiento de la legislación y de las condiciones sociales de los trabajadores", afirmó el senador chubutense.

A su turno, el misionero Maurice Closs afirmó: "Si la patronal puede aportar también se debiera permitir que el sector del trabajo lo haga".

Detalles

La iniciativa aprobada por el Senado para modificar la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos no sólo levantó la prohibición que actualmente tienen las empresas para realizar aportes de campaña sino que, además, establece un marco regulatorio para la propaganda en sitios web y redes sociales.

Entre sus puntos principales, el proyecto girado a la Cámara de Diputados autoriza a las empresas a realizar aportes de campaña por hasta el 2% del total de gastos autorizados y señala que los aportes en dinero sólo podrán efectuarse mediante transferencia o depósito bancario.

El donante deberá acreditar su identidad y los bancos o administradoras de tarjetas de crédito o débito deberán informar al partido que recibe el aporte quién fue la persona que lo efectuó.

La iniciativa también modifica la lista de prohibiciones al agregar que no podrán realizar aportes los contratistas de servicios y obra pública y las personas "imputadas en un proceso penal", quienes no están incluidos en el listado de la ley actual.

Además, incorpora a la Ley de Financiamiento el "registro de cuentas oficiales" de redes sociales de partidos y candidatos, que será elaborado por la Cámara Nacional, y regula la publicidad en medios digitales con recursos públicos.

En este sentido, la iniciativa indica que "del total de los recursos públicos" destinados a publicidad digital "al menos un 35%" deberá destinarse a sitios periodísticos de producción nacional y "al menos otro 25%" a los de producción provincial.

Por otra parte, el proyecto reduce a la mitad el espacio gratuito cedido por los medios audiovisuales para propagando electoral: actualmente es el 5% del tiempo total de programación pero a partir de 2020 sólo el 2,5% será gratuito, mientras que el resto será considerado "pago a cuenta de impuestos nacionales".

Otra de las novedades que introduce el proyecto son los aportes en especie: son los que consisten en la prestación de un servicio o la entrega de un bien en forma gratuita.

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