Le apuntaron a Busti por el origen de la causa a exministros radicales

Entre Rios 05 de septiembre
Comenzó este lunes el juicio a los exfuncionarios montielistas Villaverde, Carbó y Berón. Los tres fueron imputados por los delitos de Defraudación a la Administración Pública y Falsedad Ideológica. Berón acordó pena de prisión condicional
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Los exministros Rubén Villaverde y Enrique Carbó aceptaron someterse a juicio oral. - Credito: UNO
Con tres testigos se inició el juicio oral en Paraná a los exministros del gobierno de la Alianza en Entre Ríos, Oscar Berón (exministro de Economía), Enrique Carbó (quien estaba a cargo de la cartera de Gobierno) y Rubén Villaverde (titular en la gestión Montiel de Acción Social), por los delitos de Falsedad Ideológica y Defraudación a la Administración Pública.
La causa que se remonta a 2003 tenía como imputado al exgobernador Sergio Montiel, pero debido a su fallecimiento el 1º de noviembre de 2011 la acción penal se extinguió. El Tribunal de Juicio y Apelaciones estuvo conformado por Alejandro Grippo (presidente), Elbio Garzón y Pablo Vírgala. En representación del Ministerio Público Fiscal lo hizo Carolina Castagno.
La defensa de Villaverde estuvo a cargo de la abogada Fernanda Tardelli; Carbó designó a su hermano, Alejandro Carbó, mientras que el letrado Raúl Avero representó a Berón. Los tres exfuncionarios habían sido imputados -según la acusación de la Fiscalía- y luego procesados por entenderse que fueron los responsables por la emisión de decretos antedatados que permitieron el pase a planta permanente de 16 empleados públicos.
La secretaria designada dio lectura al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la defensa del exministro Berón y la Fiscalía, por el cual aceptó su culpabilidad en el hecho. En estos términos, aceptó una pena de carácter condicional de dos años y seis meses, sumado a la inhabilitación especial absoluta para ejercer cargos públicos.
A continuación comenzó la declaración de los testigos propuestos por las partes. En primer término lo hizo el exfiscal de Estado, Sergio Avero, quien negó que el organismo a su cargo (entre 1999 y 2003) haya intervenido en el acto administrativo de la firma del decreto. Avero brindó precisiones acerca del procedimiento y reconoció que únicamente por pedido del Ejecutivo o de los ministros, la Fiscalía debía intervenir en este tipo de actos.
Posteriormente, propuestos por la Fiscalía, comparecieron el exauditor de la Contaduría General de la Provincia Miguel Ulrich, y que actualmente ocupa un cargo en el Ministerio de Economía entrerriano y del extesorero general de la provincia Raúl Caferatta.
El primero contó su participación como auditor en la elaboración de un informe que, entre otras particularidades, no contaba con un relevamiento de la Dirección de Administración. Acto seguido, Caferatta repasó su desempeño por la función pública durante cuatro meses en 2003, aunque no aportó elementos de demasiada relevancia.
"A los tres exministros se les imputa el delito de Falsificación Ideológica de un decreto, porque presuntamente se habría insertado falsamente la fecha de un decreto. Esa es una acción típica penal que no puede cometer ninguno de los ministros que sean llevados a juicio. Porque el hecho de insertar la fecha no es algo que hagan los ministros; los decretos no se firman fechados, se firman y pasan a otra dependencia, que es la que los registra y les pone la fecha correspondiente para que haya un orden correlativo entre los decretos", fundamentó la abogada Fernanda Tardelli y defensora del exministro Villaverde en diálogo con UNO.
La letrada planteó que el origen de la causa "tiene un componente político importante, en la medida en que el denunciante fue el exgobernador Jorge Busti, 10 días antes de la elección general de 2003. Tomó esta decisión como un acto más de campaña, con la intención de terminar de desgastar el gobierno de Montiel".
En otro orden lamentó "los 14 años" que transcurrieron desde que se inició la demanda hasta que se fijó la fecha de juicio. En cuanto a la acusación que pesa sobre Villaverde, dijo: "No ha habido falsificación ideológica, ni falsificación de fecha, por lo tanto no pudo haberse cometido ningún delito, y menos en perjuicio de la administración pública porque se trataba de designar personal para el Ministerio de Acción Social de las categorías más bajas", enfatizó.
Por último la profesional explicó que "no hubo perjuicio para el erario público porque antes de que Busti hiciera la denuncia ya se habían tomado las decisiones en las reparticiones contables del Ministerio de Acción Social, para producir los descuentos mensuales del personal".
El juicio tendrá continuidad hoy a partir de las 9 con la declaración de nuevos testigos.

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