Una funcionaria de la Policía de Entre Ríos fue condenada por "Defraudación Agravada en perjuicio de la Administración Pública", después que asumiera haberse acreditado montos que no le correspondían en sus haberes.

La Justicia provincial la condenó por utilizar el cargo que ostentaba para autoadjudicarse más de $600 mil, durante nueve meses. La maniobra fue detectada por un funcionario provincial a cargo de la liquidación de sueldos.

En los Tribunales, la agente aceptó una condena condicional por defraudación a la Administración pública y firmó un convenio con la Fiscalía de Estado para devolver $360 mil, la mitad de lo sustraído. El resto del dinero será reclamado por el Gobierno a través de una acción civil por daños y perjuicios.

La maniobra fue llevada a cabo por la sargento primero Aurelia Ileana Plez, de 42 años, de San Benito, que se desempeñaba en la División Administración de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Personal de la Policía de Entre Ríos.

La sentencia, publicada por Entre Ríos Ahora, fue emitida el 20 de septiembre de 2020 por el juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Mauricio Mayer, pero recién tomó estado público este año. En la resolución, se indica que la imputada¸ representada por el abogado Eduardo Daniel Gerard, acordó una pena condicional con el fiscal Gonzalo Badano.

En el fallo se concluyó que desde el mes de julio del año 2019 hasta el mes de abril del año 2020, Plez “estando facultada en el marco de las atribuciones asignadas para cumplir sus funciones, a la carga y aprobación del código 181 ‘Riesgo y Peligrosidad’, se adjudicó ilegítimamente en la liquidación de sus haberes mensuales, el mencionado concepto sin que exista norma o causa que lo justifique, percibiendo indebidamente durante el periodo citado, la suma total de $613.372,80, causando de tal manera un perjuicio económico al erario público provincial”.

En la resolución se indicó que la maniobra fue descubierta por el contador Miguel Ulrich, director de Liquidaciones de Haberes de la Provincia. Su denuncia fue confirmada luego a partir de las pericias informáticas realizadas por el gabinete de informática forense del Ministerio Público Fiscal.

En el acuerdo de juicio abreviado, Plez reconoció haber cometido el delito, por lo cual el juez Mayer valoró esa actitud como un atenuante de la pena, además de que no contaba con antecedentes penales.

Valoró también como un atenuante que se haya comprometido a reparar el daño, puesto que en la sentencia se desprende que «la imputada se ha comprometido a restituir la suma de $360.000,00 al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, representada por el Sr. Fiscal de Estado Adjunto, Dr. Sebastián Trinadori, suma que se abonará dentro de los treinta días posteriores al dictado de la eventual sentencia de condena». Es decir, se comprometió a devolver la mitad del dinero sustraído.

Consultado sobre qué sucederá con la otra parte del dinero -$253 mil-  que sustrajo la Sargento, Trinadori, Fiscal Adjunto del Estado, explicó: “Dimos conformidad al pago de ese dinero para que acuerde el juicio abreviado, a cuenta de reclamarle la diferencia. La mujer depositó ese dinero más la multa, pero nosotros vamos a reclamar lo que falta a través de una acción civil”.

El funcionario agregó que este tipo de acuerdos “es una metodología que estamos aplicando porque muchas veces estas personas que defraudan al Estado quedan cesantes y no tienen nada después para cobrarles. De esta manera, nos aseguramos ingresos inmediatos y después reclamamos lo demás”.

Por otra parte, el magistrado descartó considerar a la sargento como funcionaria pública, lo cual le hubiera significado una condena más dura, como la inhabilitación perpetua para ejercer cargo público. «Si bien la encartada tenía una estrecha vinculación con el objeto sobre el que recayó el delito por su carácter de empleada con aptitud técnica y cierta habilitación basada en la confianza por su cargo (posesión de los códigos informáticos), en ningún caso puede interpretarse que por dicho carácter y desempeño funcional, tuviera alguna facultad para conformar la voluntad estatal o de la fuerza de seguridad en la que revista, no obstante entiendo que actuó abusando de su cargo y se extralimitó en el uso de sus facultades a sabiendas que penetraba en el terreno del ilícito, cuestión analizaré en relación a la pena», sostuvo Mayer.

La sentencia

Así las cosas, Ileana Plez fue declarada responsable penalmente del delito de Defraudación Agravada en perjuicio de la Administración Pública y se la condenó a la pena de 2 años de prisión de ejecución condicional –no irá presa-, más el pago de una multa de $40 mil y la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el término de la condena.

Además, se le impuso que durante dos años realice trabajo comunitario a favor de una institución de bien público, por una carga de 96 horas anuales, con obligación de rendir cuenta de su cumplimiento.