El anuncio del gobierno nacional de instalar un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia, en la localidad de Aguas Blancas (Salta), despertó una fuerte reacción de las autoridades bolivianas. A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Bolivia expresó su preocupación y advirtió sobre posibles efectos negativos en la convivencia pacífica entre ambos países.

La cancillería boliviana resaltó que los asuntos fronterizos deben abordarse mediante mecanismos bilaterales de diálogo. En el comunicado se enfatizó: “Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.

Bolivia anunció que solicitará información oficial a través de los canales diplomáticos y reafirmó su compromiso con el diálogo para resolver asuntos de interés común. El proyecto anunciado por el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, tiene como objetivo reforzar el control fronterizo en una zona históricamente permeable al contrabando y el paso ilegal de personas.

Según Zigarán, el alambrado de 200 metros, parte del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad, pretende "obligar a las personas a transitar exclusivamente por las oficinas de Migraciones". La obra, financiada por la provincia de Salta y supervisada por la Nación, incluirá efectivos de fuerzas federales para reforzar el control.

“La idea es generar un cerrojo en forma de L, delimitando claramente el acceso a Migraciones y evitando el cruce por lugares no autorizados”, explicó Zigarán.

Reacciones desde Bolivia

César Siles, ministro de Justicia boliviano, calificó la medida como una violación a los principios de convivencia pacífica y los tratados internacionales: “Es una decisión vulneratoria de los principios elementales de convivencia internacional y contraria a los tratados internacionales”.

Siles también pidió la intervención de organismos como Naciones Unidas y la OEA, confiando en que la medida anunciada no se concrete: “Esperamos que el presidente de Argentina pueda reflexionar y revertir esta decisión”.