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El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de Entre Ríos (Apyme) y referente del Movimiento Nacional Pyme (Monapy), Luis Lozar, cuestionó el alcance del proyecto de alivio fiscal impulsado por el gobierno provincial y sostuvo que las medidas anunciadas representan apenas “el 1% de lo que realmente necesita el entramado pyme provincial”. Además, alertó sobre el cierre de empresas, la caída del consumo y el impacto de las importaciones en la actividad económica.
Lozar remarcó la necesidad de diferenciar la situación de las micro y pequeñas empresas respecto de las medianas. “Una cosa son las micro y pequeñas, que es el segmento donde nosotros trabajamos, y el otro segmento serían las medianas, tramo 1 y tramo 2. Son dos segmentos bien diferenciados dentro de lo que es el entramado pyme a nivel nacional”, explicó en declaraciones a Radio Plaza.
Al describir el panorama actual, señaló que la situación continúa deteriorándose. “Hablar de números a esta altura es decir que cada vez se cierran más pymes, y ya se habla de 26.000 a nivel nacional”, afirmó.
Recordó además que el año pasado Apyme presentó un proyecto de ley de emergencia para el sector en Entre Ríos, iniciativa que aún no logró avanzar en la Legislatura. “Entró bastante rápido con la diputada Andrea Zoff y este año estuvimos insistiendo para que lo muevan y no hubo manera de llegar a la persona adecuada”, lamentó.
Según explicó, la propuesta contempla beneficios fiscales destinados a aliviar la situación financiera de las pequeñas empresas. Entre ellos, mencionó la eliminación de mecanismos de retención que afectan la liquidez de los negocios.
“Si facturamos y nos pagan a principio de mes y ya nos retienen un impuesto que tenemos que pagar el 20 del otro mes, se va haciendo un colchón dentro de cada pyme de plata que la tiene la provincia y que nosotros no podemos disponer”, cuestionó en referencia al Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb).
Respecto del proyecto anunciado por la gestión provincial para eximir del pago de Ingresos Brutos y de algunos componentes de la tarifa eléctrica a monotributistas de las categorías A, B y C, Lozar consideró positiva la iniciativa, aunque insuficiente. “Es una lástima que sea un proyecto de ley y no directamente un decreto para que sea más rápido el efecto”, señaló.
El dirigente explicó que la medida alcanza a contribuyentes de muy baja escala económica. “La categoría más alta, la C, llega a un promedio de 20 a 22 millones anuales de facturación. Eso da una referencia de que atrás de estas categorías muy difícilmente haya un comercio que levante la persiana, pague un alquiler o tenga empleados”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó el alcance real de la propuesta. “Bienvenido sea, pero es el 1% de lo que realmente necesita el entramado pyme a nivel provincial. Es muy poco”, afirmó.
Como alternativa, propuso combinar el proyecto impulsado por el Ejecutivo con la iniciativa presentada por Apyme. “La estrategia podría ser combinar el proyecto de ley que nosotros presentamos el año pasado, que es mucho más amplio que éste, y sacar una buena propuesta para todas las micro y pequeñas empresas”, planteó.
Para Lozar, el principal problema de fondo es la caída del poder adquisitivo de la población. “Hay un problema base que primero hay que solucionar, que es la falta de dinero en la gente, que es lo que hace que a las pymes que vivimos del mercado interno no nos vaya bien”, sostuvo.
Agregó que la reducción del consumo impacta directamente sobre el tejido productivo local. “La gran caída de la clase media, que era la que abastecía a cualquier pyme de nuestra provincia”, definió.
En cuanto a los cierres de comercios, reconoció que existe un cambio de hábitos vinculado al crecimiento de las compras digitales, aunque consideró que no es la única causa. “Hoy apretando un botón te llega a tu casa lo que querés comprar, mientras un comerciante en la peatonal lo tiene que tener expuesto y exhibido”, señaló. Sin embargo, advirtió que la apertura de importaciones también afecta seriamente a las pequeñas empresas.
“No estamos en contra de la importación, pero sí cuando es indiscriminada y no hay ningún tipo de control, porque ahí nos están haciendo jugar un partido en una cancha donde nos ponen el arco a cinco kilómetros de distancia”, graficó.
Sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, consideró que los beneficios para las micro y pequeñas empresas fueron mínimos. “Lo único que pudo haber beneficiado a una pyme es algo de la parte de los juicios laborales, que para las micro y pequeñas empresas representa el 1 o 2% del problema”, afirmó.
En contrapartida, sostuvo que la reforma implicó una pérdida de derechos para los trabajadores. “Por el otro lado, también vemos que en la parte de los derechos laborales se han perdido bastante”, opinó.
Lozar también relativizó los efectos positivos del Régimen de Incentivo para Nuevas Inversiones (RINI) en Entre Ríos y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional. “Somos 7.000 pymes en Entre Ríos y se dio a 130 el RINI. Estamos hablando de números que no se condicen con la preocupación que tenemos todos”, indicó.
Asimismo, cuestionó las exigencias para acceder a esos beneficios. “A la empresa más chica le están pidiendo una inversión inicial de 15.000 dólares para entrar al RINI. Es muy difícil para la micro y pequeña empresa entrar en ese sistema porque es imposible”, afirmó.
Finalmente, al referirse al avance de la inteligencia artificial, consideró que el impacto dependerá de cada actividad económica. “La inteligencia artificial en algunos rubros afecta directamente, pero en empresas de servicios, construcción o transporte puede ayudar para hacer propaganda o difundir el trabajo, pero no viene directamente a tu taller o a tu negocio a bajarte la persiana”, concluyó.
