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En el marco de los alegatos finales en el juicio por narcotráfico que tiene como principal protagonista a Leonardo Airaldi, el Ministerio Público Fiscal desplegó una contundente acusación. El fiscal federal José Ignacio Candioti solicitó la pena de 14 años de prisión para el ruralista, al considerarlo el organizador y financista de una estructura criminal dedicada al comercio de estupefacientes.
Durante la audiencia, se destacó la gravedad de la conducta de Airaldi. El doctor Martin Uriona, representante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), resaltó que la conducta atribuida al imputado es la “más gravosa establecida en la ley de estupefacientes”, con una escala penal que parte de un mínimo de 8 años de prisión. Por su parte, el fiscal auxiliar Juan Podhainy solicitó formalmente el decomiso de la estancia “El Mirador”, vinculada a las operaciones de la organización.
La fiscalía también detalló los pedidos de pena para los demás integrantes, realizando distinciones según el grado de participación y la “intensidad en el injusto” de cada uno. Bajo la figura de coautoría en el delito de comercio de estupefacientes agravado, se solicitaron las siguientes condenas:
-Juan Erbes: 7 años de prisión, costas y multa, al considerarse que su rol tuvo una mayor intensificación dentro de la coautoría
-Sebastián Armocida: 6 años y 4 meses de prisión
-Roberto Coronel: 6 años de prisión, debido a que su permanencia en el tiempo dentro de la organización fue menor
Para quienes fueron considerados partícipes secundarios, la fiscalía aplicó criterios de razonabilidad y perspectiva de género. En este grupo, se pidió para Joel Schonfeld una pena de 4 años y 6 meses de prisión.
En el caso de Soledad Cáceres Touzet, el fiscal Candioti solicitó 3 años y 3 meses de prisión, resaltando su situación desde una perspectiva de género y considerándola una “mujer de las circunstancias”, cuya permanencia en la banda fue reducida.
Finalmente, para los eslabones considerados más débiles de la cadena, se solicitaron las penas más bajas: 3 años y 2 meses de prisión para Walter Olivero y 3 años de ejecución condicional para Marino Martínez y Cristian Sánchez.
La fiscalía subrayó que los imputados no se encuentran en situación de vulnerabilidad social ni pertenecen a rangos etarios que ameriten una mitigación de la pena por falta de socialización. Con estos pedidos, el Ministerio Público Fiscal busca cerrar un caso que califica como un “emprendimiento criminal de gran envergadura”, cronicó Ahora.
