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La investigación por los pagos irregulares detectados en la Armada Argentina sumó un nuevo capítulo: el fiscal pidió un peritaje informático para reconstruir cómo fueron modificados los archivos utilizados para ordenar las acreditaciones y determinar quiénes pudieron intervenir en esas operaciones.
La medida apunta a establecer qué ocurrió entre el momento en que los haberes eran liquidados por los sistemas de la Armada y la posterior transmisión de los archivos al Banco Nación. También se solicitó la declaración de un testigo para avanzar sobre el funcionamiento del mecanismo.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la propia Armada, que detectó 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto de $981.148.567,88. Esas personas serán investigadas, publicó Minuto Uno.
La hipótesis que ahora busca profundizar la Justicia es que los pagos no fueron producto de un error generalizado del sistema, sino que determinados registros habrían sido modificados manualmente después de la liquidación de haberes y antes de que los archivos fueran enviados al banco.
La fiscalía solicitó formalmente a la Armada Argentina copias de los legajos personales de todos los imputados, con el objetivo de precisar sus cargos, destinos, funciones y los períodos exactos en los que se desempeñaron.
También requirió la nómina completa del personal que trabajó en el Departamento Revista durante el período investigado, junto con el organigrama administrativo y la normativa interna que regulaba el circuito de liquidación de haberes. La medida busca determinar qué agentes contaban con permisos para acceder y modificar los archivos de acreditación bancaria.
Además, el fiscal propuso citar como testigo a Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria. Borda integró la comisión interdisciplinaria que detectó las inconsistencias y deberá explicar ante la Justicia cómo se realizó el análisis, qué fuentes fueron cotejadas y cuáles fueron los primeros hallazgos que derivaron en la denuncia.
La revisión interna comenzó en febrero de 2026, cuando la Armada detectó que agentes habían cobrado suplementos que no les correspondían. En ese momento, la fuerza no podía establecer si se trataba de errores involuntarios o de una conducta deliberada.
Los agentes reintegraron las sumas, pero el hallazgo llevó a revisar períodos anteriores.
Fue entonces cuando aparecieron diferencias entre los haberes efectivamente liquidados y los archivos utilizados para realizar las acreditaciones bancarias. Había importes que no figuraban en los recibos, duplicaciones y pagos a personas que ni siquiera tenían vínculo con la Armada.
La denuncia presentada el 15 de septiembre por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, sostiene que las irregularidades estaban concentradas en un grupo determinado de beneficiarios.
Según la denuncia: “Dichas modificaciones tuvieron como resultado la incorporación de acreditaciones a favor de un grupo determinado de personas por importes superiores a los que correspondían según sus respectivas liquidaciones y, en otros casos, sin respaldo en haberes liquidados.”
La sospecha es que, una vez realizados los cambios necesarios para concretar los pagos, los archivos o registros internos podían ser restituidos a sus valores originales. De esa manera, las modificaciones no necesariamente quedaban reflejadas en los recibos de haberes.
Por eso, el peritaje informático pedido por el fiscal será clave para establecer qué usuarios intervinieron, qué modificaciones se realizaron, cuándo fueron efectuadas y qué rastros quedaron en los equipos y sistemas utilizados.
Uno de los datos significativos de la denuncia es que cuatro beneficiarios que, según la investigación administrativa, no tenían vínculo laboral ni funcional con la Armada, concentraron una parte sustancial de las acreditaciones.
Entre los cuatro recibieron 184 pagos por $434.200.718,04, equivalente al 44,25% del monto histórico total investigado.
Se trata de:
El caso de Prieto tuvo una particularidad que llamó la atención de los investigadores: es la esposa del entonces jefe del Departamento Revista, capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Atanasoff declaró durante la investigación administrativa y, según consta en la denuncia, reconoció conocer las acreditaciones realizadas a favor de personas ajenas a la Armada.
La presentación sostiene que manifestó que esas operaciones se realizaban manualmente y que tenían como objetivo “favorecer económicamente” a los beneficiarios.
También habría reconocido que era él quien decidía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.
Según la denuncia, sostuvo además que: “ninguna otra persona participaba junto con él en la adopción de dichas decisiones”.
La situación de Atanasoff apareció durante una segunda etapa de la investigación. Inicialmente, la Armada señala que no contaba con elementos para vincularlo con las irregularidades.
El dato que modificó ese escenario fue la identificación de su esposa entre las personas que habían recibido acreditaciones.
A partir de allí, la Armada dispuso su relevo preventivo y preservó el equipo informático utilizado para preparar y transmitir los archivos de pago.
