La nota dirigida a Ballay tiene fecha del 20 de diciembre pasado y lleva las firmas de Juan Diego Etchevehere, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Edgardo Schneider, de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco); Claudio Álvarez Daneri, de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer); y Elvio Guía, de la Federación Agraria Argentina (FAA).

Las entidades quieren “conocer de primera mano cuál será el impacto en el sector del nuevo Código Fiscal” y también “qué se está programando para el Impuesto Inmobiliario Rural 2022 y de Ingresos Brutos, en relación al mínimo no imponible”.

Advierten que “en Entre Ríos no hay lugar para más presión fiscal en el 2022” y en ese sentido remarcan: “En nuestro sector ya tenemos una afectación en todas las actividades por una sostenida sequía, que impacta en el actual ciclo productivo y compromete también para adelante. Hay actividades dedicadas al mercado interno con precios máximos, que en definitiva lo termina pagando el productor primario. En este marco no hay lugar para más impuestos, y mucho menos para aumentos”.

Sostienen que “el sector fue esencial en la pandemia y lo demostró manteniendo el abastecimiento de las familias entrerrianas”. Por eso subrayan que “es hora de ser considerados en un sentido integral, para que se pueda seguir trabajando y aportando riqueza genuina, y no solo para afrontar más impuestos”.