La Cámara de Senadores dio sanción definitiva al proyecto de ley que establece una regulación para los avisos destinados a la contratación de personas para servicios laborales, con el objetivo de evitar situaciones de abuso que tienen como víctimas, en la mayoría de los casos, a mujeres.

El trayecto legislativo de la norma se inició a principios de 2014, con un proyecto del diputado justicialista Diego Lara, que se planteaba como objetivos: a) prevenir eventuales hechos o situaciones de violencia y abusos que puedan cometerse a través de publicaciones engañosas de supuestas ofertas laborales; b) contar con la información necesaria de quienes solicitan la publicación de avisos a efectos de brindar seguridad a los destinatarios de las mismas; c) generar un registro de datos en los medios de publicación que sirvan como elementos para la investigación de presuntos hechos delictivos; d) erradicar, a corto y mediano plazo, la publicación de avisos falsos y engañosos que persigan en definitiva la captación de personas para su trata.

También se indica que las empresas y/o particulares de medios de comunicación deberán solicitar a quienes requieran la publicación una serie de datos.

Para el caso de las personas físicas: nombre, documento nacional de identidad, domicilio y fotocopia del documento nacional de identidad; mientras que en el caso de personas jurídicas u organizaciones empresariales: razón social o denominación de la empresa, domicilio y constancia de CUIT; c) domicilio del lugar de prestación laboral; d) número telefónico de contacto del responsable de la publicación; e) fotocopia de la factura de un servicio a nombre de quien realiza la publicación. A todo esto agrega que las publicaciones deberán contener en su texto un número de referencia visible o identificación similar, a fin de que los destinatarios de las mismas puedan contactarse con el medio de comunicación para requerir o verificar la información exigida a quien pide la publicación del aviso.

"Los avisos, de acuerdo a informes de ONG que trabajan en la recuperación de jóvenes objeto de abuso sexual y trata, son uno de los canales de captación más utilizados", señalan los fundamentos.

El detonante fue el caso de Araceli Ramos, una joven asesinada cuando concurrió a una entrevista laboral falsa en la ciudad bonaerense de Caseros.

Por el caso fue condenado en junio de 2016 el exprefecto Walter Vinader. Pese a tratarse de un proyecto de varios que apuntaban a resguardar especialmente a las mujeres ante la creciente ola de casos de violencia de género,el tratamiento en el Senado se demoró casi cuatro años. El senador Lucas Larrarte explicó en la sesión del miércoles que el proyecto tuvo despacho de comisión favorable tras reunirse "con los autores del proyecto".