Rechazaron devolver 46.000 dólares que llevaban "para comprar un terreno en Nogoyá"

Ahora, una constructora e inmobiliaria de Santa Fe pidió que les devuelvan los 46.130 dólares, pero la Justicia Federal lo rechazó porque aún quedan por producirse pruebas para descartar que su origen sea ilícito.

La situación mantiene aún algunas dudas, pero al mismo tiempo una contradicción en el contexto en el cual el Gobierno Nacional abrió un plan de blanqueo de capitales sin costo y sin dar explicaciones para montos como en el secuestrado en el procedimiento llevado a cabo el 16 de septiembre pasado en Entre Ríos.

Más allá de esta cuestión, aquella jornada los gendarmes detuvieron la marcha de un auto Peugeot 207 en la ruta 12 a la altura de Aldea María Luisa, con dos hombres a bordo. El acompañante llevaba dos mochilas, una de ellas entre sus piernas. Al ser consultado por el contenido, el hombre dijo “llevo dólares”. Por ello le solicitaron la documentación que avale el origen de dichos fondos, pero respondió que no tenía, que había recibido el dinero por parte de L.L., dueño de una constructora inmobiliaria de Santa Fe, para realizar la compra de un terreno en Nogoyá.

La Justicia Federal autorizó la requisa y el secuestro del dinero, que arrojó la mencionada suma, así como dos teléfonos celulares. El Juzgado Federal N° 1 de Paraná dispuso la dirección de la investigación en el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Leandro Ardoy.

El abogado Ignacio Alfonso Garrone, apoderado del socio gerente de la firma que aduce ser dueña del dinero secuestrado, se presentó solicitando la devolución del dinero secuestrado.

Argumentó que los fondos provienen de las ventas de departamentos realizados por la inmobiliaria ante escribano público, detalló, adjuntó documentación respaldatoria y las constancias de inscripción ante AFIP y API. Y agregó una nota firmada por el dueño de la empresa que afirma que el hombre que llevaba la plata “realiza trabajos para la firma -llevando consigo documental y dinero para operaciones comerciales-. Por otra parte, la suma de dinero secuestrada en dicho procedimiento le había sido entregada por la firma”.

Con una respuesta negativa en primera instancia, la defensa acudió a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, donde insistió en la justificación de los fondos secuestrados.

El fiscal general Ricardo Álvarez consideró que la prueba presentada por el abogado “se muestra insuficiente para comprobar de manera irrefutable el origen del dinero”. Asimismo, sostuvo que “la cantidad de dinero y la forma que era movilizado hace necesario contar con mayores elementos para despejar dudas respecto el origen y destino de los fondos, toda vez que no se aportó ningún elemento que corrobore la mentada compra del terreno en la localidad de Nogoyá”.

En esta misma línea votaron los jueces de la Cámara Federal, Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez: “La prueba acompañada por el recurrente, resulta insuficiente –por el momento para despegar toda duda acerca de la licitud del origen del dinero secuestrado y su finalidad. A ello cabe agregar que no se ha aportado elemento que permita acreditar lo sostenido por Sanz en el procedimiento, respecto a que su destino era la adquisición de un terreno en la ciudad de Nogoyá”.

“En concordancia con el Magistrado y el Sr. Fiscal General -agregaron-, del análisis de las actuaciones no se puede descartar aún que el dinero, cuya restitución se reclama, no constituya un beneficio o provecho económico del ilícito que se encuentra en vías de investigación y, que eventualmente, pudiere quedar sujeto a decomiso (…) restando producir e incorporar –entre otros elementos- las pericias sobre los dos celulares secuestrados” sostuvieron que se debe rechazar el pedido de devolución del dinero.

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