La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó el sobreseimiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga la extensión de las restricciones sanitarias durante la pandemia por COVID-19. La decisión se tomó en línea con lo reclamado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo del fiscal Carlos Stornelli.
En junio pasado, la jueza María Servini había dictado el sobreseimiento del exmandatario por considerar que los hechos no encuadraban en ninguna figura penal. En la denuncia, se había planteado que Fernández habría extendido “por razones indebidas, mediante el dictado de los respectivos actos normativos, las restricciones sanitarias correspondientes a la pandemia declarada con motivo del COVID-19 que comenzara en el año 2020”.
En la presentación, se mencionó una serie de declaraciones públicas que brindó el exministro de Economía, Martín Guzmán, donde señaló que la cuarentena “fue más larga de lo que tendría que haber sido” debido a que “la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al Gobierno”.
Ante esto, el fiscal Stornelli apeló la decisión. Por un lado, cuestionó que se hubiera conformado un cuadro de “certeza negativa” que respaldara la decisión del juzgado y, por otro, consideró que la tarea investigativa no se encontraba agotada y que aún había medidas pendientes de llevar a cabo.
Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi consideraron que no se profundizó la investigación al respecto de “la gravitación que pudieron haber tenido los distintos estudios solicitados por el Estado Nacional vinculados a la medición del humor social, valoración de la gestión y nivel de acuerdo con el plan económico”.
Además, consideraron que no se avanzó de manera suficiente respecto a las medidas que la fiscalía requirió. “Concretamente, la necesidad de producir un análisis comparativo regional acerca de la extensión de las medidas de aislamiento dispuestas, su evolución y conveniencia, de modo de contar con un parámetro objetivo que permita acreditar o descartar la hipótesis denunciada”, explicaron.
Para la Cámara Federal, los elementos recolectados en el expediente “resultan insuficientes para adquirir un estado de certeza negativo que permita solventar la decisión adoptada, no siendo posible desestimar los cuestionamientos formulados por el apelante sin la realización de las medidas probatorias idóneas para dilucidar tales interrogantes”.
Por todo ello, consideraron que hay aspectos que aún no han sido suficientemente investigados, por lo que la decisión tomada por la jueza era prematura y debía ser revocada.
