Estación Plus Crespo
Tras seis jornadas de debate a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, un Jurado Popular declaró este sábado "culpables" a dos imputados.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que el acusado G.E.A fue considerado autor del delito de “Abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por personal de las fuerzas policiales”. Mientras que M.S.E, resultó partícipe necesario del mismo delito.
Se trató del primer Juicio por Jurados del año, que se efectuó en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná-.
Conocido el veredicto, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, anunció que la audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberán cumplir los imputados, se realizará el 20 de febrero, a las 9:00.
Según resolvió el juez Cánepa, los imputados seguirán con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hasta esa fecha.
Inicialmente se investigó por dos víctimas, de 13 y 15 años. Solo prosperó la situación de la menor de ellas.
Hace 10 años atrás, se habían fugado del hogar “Mujercitas” del Consejo Provincial del Menor, Adolescencia y Familia (Copnaf) y se encontraban en el predio del Ferrocarril, donde funciona un destacamento de la Policía de Entre Ríos. Allí, en un vagón abandonado, habrían sido ultrajadas por efectivos de guardia.
La situación se conoció luego de que una de las menores fuera atendida en el hospital materno infantil San Roque, donde se activó el protocolo de abuso sexual. Las pruebas médicas y la declaración en cámara Gesell de la víctima de 13 años fueron claves para avanzar en la causa.
En el caso de la menor de 15 años, el Tribunal de Apelaciones revocó la imputación contra uno de los acusados, ya que en su declaración no refirió haber sido víctima de abuso. Por ello, sólo un policía enfrentó el juicio por violación y el otro como partícipe.
En el camino, otros efectivos fueron desligados del proceso, mientras que 3 acordaron pena, tras reconocer no haber actuado para interrumpir el delito o denunciar lo que habían presenciado.
Cabría una demanda civil contra el Estado provincial, oportunamente presentada por el querellante Guillermo Mulet en representación de la víctima. El reclamo busca una indemnización por los daños sufridos, siendo discutido el monto pretendido.
