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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de un limpiador de hornos, rotulado como “Max Aroma, LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS. Limpia en frío hornos y parrillas”, luego de detectar que se encontraba en el mercado pese a que su inscripción había sido previamente inhibida.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 3351/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y alcanza a todos los lotes del producto, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta electrónica.
La investigación se inició a partir de una consulta recibida por el organismo sobre la legitimidad del artículo comercializado por la firma MAX AROMA de Blas Parra. Durante las tareas de fiscalización, los inspectores comprobaron que el producto continuaba elaborándose y vendiéndose a pesar de que había sido inhibido por la autoridad sanitaria.
Según detalló el organismo, el producto había sido presentado inicialmente para su inscripción como un domisanitario de riesgo 1. Sin embargo, durante la evaluación técnica se determinó que correspondía a una categoría de riesgo 2, motivo por el cual el trámite fue inhibido y la situación fue comunicada a la empresa.
A pesar de esa notificación, los fiscalizadores detectaron que el limpiador continuó siendo elaborado y comercializado. Incluso observaron que algunas unidades habían sido fabricadas con posterioridad a la fecha en que la firma fue informada de la inhibición.
Posteriormente, representantes de la empresa reconocieron el producto como propio ante las autoridades sanitarias y se les indicó que debían retirarlo del mercado. El proceso de retiro quedó bajo seguimiento técnico de la ANMAT.
Además de la prohibición, la ANMAT dispuso la apertura de un sumario sanitario contra la firma MAX AROMA de Blas Parra y contra su director técnico, por presuntos incumplimientos de la normativa vigente en materia de productos domisanitarios.
El organismo explicó que la decisión fue adoptada para proteger a eventuales compradores y usuarios del producto involucrado, ante las irregularidades detectadas durante el proceso de fiscalización.
La disposición también ordenó comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a organismos vinculados con la defensa del consumidor y el control comercial.
