El cálculo de los avalúos fiscales, base para establecer los valores de la emisión 2018 del Impuesto Inmobiliario Rural, se basará en el promedio de los últimos cinco años en todos los indicadores.

Así quedó establecido ayer durante la nueva reunión que mantuvieron funcionarios del Gobierno provincial, encabezados por el secretario de Producción, Álvaro Gabás, con los dirigentes que integran la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias.

El entendimiento al que arribaron Gobierno y campo no es otra cosa que respetar lo que ordena la legislación vigente para el cálculo de los avalúos. Entre la dirigencia agropecuaria, antes de los encuentros con los funcionarios y técnicos de la Secretaría de Producción y de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), sin embargo, había cierto temor de que el Gobierno tuviera una lectura diferente de lo que indica la ley y los avalúos tuvieran un alza mayor a la estimada por los especialistas de las entidades.

Por eso, en los últimos meses, una y otra vez el campo remarcó la necesidad de que se aplique el orden normativo vigente y que los valores medios y la valuación fiscal sean “el resultado de una interpretación acorde a la Ley de Avalúo 8.672, Artículo 9, Inciso C (... las rentas que hace referencia el párrafo anterior se calcularán teniendo en cuenta rendimientos físicos y precios del último quinquenio inmediato). Las necesidades de caja de la administración provincial y los aumentos de este gravamen en otras jurisdicciones, –tal el caso de Corrientes, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, por ejemplo– superiores al 40/50%, profundizaron aquella inquietud.

El debate por los números finales pasa ahora al Ministerio de Economía y allí, su titular, Hugo Ballay, será quien finalmente –con el visto bueno del gobernador Gustavo Bordet, por supuesto– determine los valores de los avalúos 2018, los que deberán estar listos antes de que termine febrero.

Ballay y los referentes del sector agropecuario se reunirán probablemente la semana próxima para hacer un análisis más fino. En ese encuentro continuará la discusión técnica, pero también sobrevolarán cuestiones políticas porque, está claro, más allá de las cifras concretas, en ambas partes prevalece el deseo de llegar a un acuerdo.

Un vocero de la Mesa de Enlace le dijo a El Diario que durante la reunión del viernes “avanzamos un pasito más en las negociaciones” y confió en que finalmente se llegará a un acuerdo que conforme a las partes.

Gabás, por su parte, ya en la primera reunión había dicho que la Administración Bordet, como siempre, buscará “el consenso con las entidades agropecuarias”.

El promedio

En esta disputa por la emisión 2018 del Impuesto Inmobiliario Rural, las entidades y, sobre todo, el Gobierno, se han mostrado prudentes y han optado, al menos públicamente, por no arriesgar cifras concretas sobre el famoso número promedio del aumento.

La única “señal” que se ha conocido en las últimas semanas la dio el gobernador Gustavo Bordet cuando en declaraciones periodísticas señaló que en el caso del Impuesto Inmobiliario (Rural y Urbano) “lo que hacemos es un cálculo de ajuste por valores inflacionarios”. Remarcó, además, que “no está previsto ningún aumento que pueda generar un impacto sobre los bolsillos de los contribuyentes”.

Si la inflación de 2017 trepó al 24,8%, según los datos del Indec, y el Gobernador asegura que para establecer el ajuste del Inmobiliario se tendrá en cuenta esa variable, el promedio del incremento debería ubicarse entre el 25% y el 30%, con pisos y techos de acuerdo a la zona agroecológica que se trate.

Hasta ahora, sin embargo, ni en el campo ni en el Gobierno quieren dar un número aproximado, pero un alza que se posicione entre aquellas bandas, seguramente, dejará conformes a todos.