Analizan el uso sustentable de tierras fiscales en islas y humedales

Las comisiones de Legislación General, que preside la senadora Claudia Gieco (Fjcreer – Diamante) y de Producción que encabeza el senador Francisco Morchio (Cambiemos – Gualeguay) dieron comienzo este jueves, al estudio del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo por el que se establece un Régimen para el uso sustentable de bienes del Estado de dominio público y privado.

Además de hacerlo en forma conjunta, las comisiones han decidido ampliar la participación a funcionarios y organizaciones para que puedan dar explicaciones, opiniones respecto del proyecto y formular aportes.

Este jueves, además de los integrantes de las comisiones, participaron tras haber sido convocados, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; el director de Tierras Fiscales, Leonardo Caluva, y el exdirector de Tierras Fiscales y actual Director General de Despacho de la Vicegobernación, Pablo Bonato.

La senadora Gieco comentó a El Diario que “está pensado en el tratamiento del proyecto invitar la semana que viene a distintas organizaciones ambientalistas, y a personas que nos han enviado notas para participar. Posteriormente, estará la Mesa de Enlace y el INTA y luego, estaremos en condiciones de hacer el análisis para el elaborar el dictamen”.

Por su parte, el senador de Victoria, Gastón Bagnat, informó a EL DIARIO que “estamos consultando, poniendo a consideración el tema, y en esto estamos todos de acuerdo”, en referencia a la metodología adoptada para el tratamiento de esta iniciativa. En tanto, Morchio anticipó su intención de “escuchar a todos, en las reuniones que sean necesarias”.

CON FUNCIONARIOS. Gieco señaló que “la primera reunión fue muy buena para los senadores que estuvimos viendo el espíritu de la ley, cómo fue pensada para regularizar las tierras fiscales y el valor sustentable porque si hoy están ocupadas –agregó- están sin una protección legal ya que no hay ley que ampare este tema”. Confirmó que la iniciativa “no tiene que ver con las quemas ni con los humedales, sino una cuestión de ordenamiento de las tierras de dominio público”.

Este jueves, se acordó que la próxima semana las comisiones se volverán a reunir con el objetivo de establecer un diálogo con distintas organizaciones que vienen realizando presentaciones relativas al tema, registrado en el expediente Nº 13649 de la Cámara de Senadores.

Teniendo en cuenta que las convocatorias deben hacerse con 48 horas de anticipación, Gieco estimó que las reuniones se retomarían el martes próximo.

Obviamente las organizaciones ambientalistas también quieren ser escuchadas y han ingresado formalmente las solicitudes para poder participar de este ámbito legislativo. Así lo habrían hecho la coordinadora Basta es Basta, la Comunidad Guardianes de los Humedales, Cauce, El Paraná no se toca, entre otras.

AMBIENTALISTAS. La abogada ambientalista María Fernández Benetti contó que las organizaciones accedieron al texto del proyecto de ley y que muchas ya presentaron observaciones. “Los legisladores de ambas comisiones saben que hay displacer con el proyecto porque no resuelve la situación”, dijo y argumentó que “reduce el problema a la gestión de la tierra pública y si bien se trata de eso, más que nada se debe poner un ordenamiento ambiental, productivo y ecológico al uso del suelo de la tierra insular”.

Diversas son las organizaciones que están movilizadas. La coordinadora Basta es Basta, la Comunidad Guardiana de los Humedales –con base en Concepción del Uruguay- que congrega a diversas ongs, Cauce, El Paraná no se toca están activas y “pidiendo la palabra en las comisiones del Senado” comentó.

Al respecto, Fernández Benetti explicó que “todos los que quieran disertar sobre ese tema deben ingresar por nota en Secretaría del Senado -por Mesa de entrada- el pedido. No sabemos si nos van a dar o no la posibilidad de ingresar, pero ese es el trámite que debe seguirse”, remarcó.

Advirtió que “el proyecto Rodríguez Signes” involucra a todas los humedales e islas de la provincia de Entre Ríos, no solo del Delta. De ahí que se ampliaron los sectores y organizaciones interesadas en usar la palabra.

EL PROYECTO. El proyecto que en principio motiva el trabajo de comisiones es autoría del Poder Ejecutivo y consagra al Ministerio de la Producción, la autoridad de aplicación. Prevé que todas las actividades que se realicen sobre los inmuebles contemplados en esta ley quedarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental que establezca la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.

En cuanto al alcance, establece el régimen para el uso sustentable de bienes inmuebles integrantes del dominio público provincial, ubicados en zona de islas y humedales de la Provincia de Entre Ríos, y del dominio privado que no tengan afectación específica.

Faculta a la autoridad de aplicación a otorgar permisos de uso onerosos a favor de particulares para el desarrollo de actividades productivas sustentables sobre los inmuebles contemplados en el presente régimen, mediante procedimiento público y de conformidad a las condiciones que establezca la reglamentación de la presente. También se faculta a dicha autoridad a otorgar permisos de uso gratuitos a favor de pobladores o residentes habituales de islas y anegadizos, estableciéndose en la reglamentación los requisitos para acceder a los mismos y una unidad productiva.

La autoridad de aplicación también fijará el procedimiento público con el objeto de cumplir ley, así como el precio, plazo y condiciones especiales de los permisos de uso onerosos y gratuitos a otorgarse.

Uno de los artículos prevé que “los recursos que ingresen al Estado Provincial en concepto de permisos de uso oneroso se destinarán a conformar un fondo específico, administrado por la Autoridad de Aplicación. Dichos recursos se destinarán, en la medida que disponga la autoridad de aplicación, a la realización de obras de infraestructura en educación y salud pública en zona de islas y anegadizos de la provincia, así como a atender al funcionamiento de la autoridad de aplicación en el marco de las erogaciones que demande la aplicación de la ley”.

Especifica que la efectiva posesión por parte del Estado Provincial de todos los inmuebles que integran el régimen del proyecto se resguardará mediante acciones legales promovidas por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos, de forma coordinada con la Escribanía Mayor de Gobierno y la Policía de Entre Ríos.

Si finalmente se sanciona en los términos actuales, con la promulgación, dejará sin efecto todo convenio oneroso otorgado a favor de particulares por el Estado provincial sobre inmuebles alcanzados por la norma.