La diputada nacional Brenda Austin (UCR) propuso hoy establecer de forma urgente un "piso mínimo presupuestario" para el combate al fuego en zonas forestales y rurales en todo el territorio nacional.
Por otra parte, presentó un proyecto de ley penal especial de delitos contra el ambiente, complementaria al Código Penal vigente.

La primera de las propuestas modifica el artículo 30 de la Ley 26.815, de manera tal de garantizar que las partidas presupuestarias asignadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego no sean inferiores al 0,02 por ciento del presupuesto nacional.

En cuanto al ejercicio fiscal 2021 se autoriza una cláusula transitoria para fijar un piso mínimo un poco más bajo de 0,015%, "de manera de asegurar de forma urgente los recursos necesarios y dotar de gradualidad" a la asignación presupuestaria.

Austin advirtió al comparar las partidas asignadas al Sistema Federal de Manejo del Fuego de los dos últimos años que el porcentaje destinado al área sobre el total del presupuesto cayó a la mitad y que ese recorte se ve reflejado en la reducción de las horas de vuelo para el sistema aéreo de lucha contra el fuego, en la capacitación para bomberos y en los equipamientos para brigadas.

La iniciativa de la legisladora cordobesa es acompañada por los diputados de Juntos Por el Cambio Maximiliano Ferraro; Luis Pastori; Federico Zamarbide; Mario Arce; Gabriel Frizza; Alicia Fregonese; Gustavo Menna; Josefina Mendoza; Víctor Romero y Federico Frigerio, y fue elevada a la Comisión de Ambiente de la Cámara baja.

"Desde hace meses, nuestro país se encuentra inmerso en una catástrofe ambiental de dimensiones y consecuencias enormes", justificó Austin.

El segundo proyecto, en tanto, consiste en contar con una legislación penal "unificada, sistematizada y consistente" en materia de delitos contra el ambiente, ya que según advirtió la diputada de la UCR, el Código Penal de la Nación, que se encuentra vigente desde 1921, "no regula de manera clara y concreta los delitos contra el ambiente". y que existe en el país una "gran dispersión" en la legislación ambiental.

Respecto a los incendios, el proyecto incorpora un nuevo delito con penas de hasta seis años de prisión ante la "provocación, facilitación o instigación de incendios en bosques, arbustales o pastizales que cause un grave daño a elementos naturales, la flora, la fauna, los ecosistemas o el ambiente en general".

A su vez, se penalizan las alteraciones provocadas al agua, humedales, lagunas, esteros o pantanos, cursos o espejos hídricos, cuencas o microcuencas u otros humedales, con peligro para el ambiente.

En tanto, se fijan penas específicas para quienes "cambien de forma ilegal el uso del suelo forestal o del suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas".