En un comunicado, Urribarri criticó el desarrollo del juicio por “arbitrariedad y falta de objetividad”. También expresó que “todo ello muestra claramente el direccionamiento que existe en este proceso, que es parte de la operatoria que desplegó el macrismo como forma de construcción de poder y cuya pata política en la provincia ha sido Rogelio Frigerio”.
 

El comienzo del juicio que se sustancia en un solo debate y comprende tres legajos por cinco hechos que tienen como imputados al ex gobernador, Sergio Urribarri, y ex funcionarios de sus gestiones, y particulares, comenzó con cuestionamientos de los abogados defensores sobre la vulneración del derecho de defensa.

A primera hora, el Tribunal rechazó los recursos de casación respecto de aquella supuesta vulneración por aplicación del protocolo sanitario aprobado por las Áreas de Salud Ocupacional y de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Poder Judicial de Entre Ríos por el Covid-19, que fue cuestionado por las defensas que sostuvieron que afectaba la garantía de defensa en juicio y el debido proceso, generando agravios de imposible reparación ulterior.

En la resolución, el presidente del Tribunal, José María Chemez, que es secundado por Carolina Castagno y Elvio Garzon, usó términos extraños a los jurídicos y que caracterizan aquel tipo de fallo. Así, calificó los argumentos de las defensas como grandilocuentes, burdos, rebuscados, caprichosos, poco serios, y rechazó que la realización del juicio generara un gravamen irreparable en los imputados.

También, a primera hora, el Tribunal resolvió separar de la audiencia a un imputado que está con un severo cuadro de meningitis y con un posible cuadro de Covid-19, por el que se espera el resultado de los hisopados, y ordenó que se lo juzgue en otro juicio. Se trata de Hugo Montañana.

No obstante Fiscalía formuló sus alegatos de inicio refiriendo los hechos que se le atribuyen, los que habría cometido con otros coimputados. La defensa advirtió que se vulneraba el derecho de defensa puesto que la prueba que se produzca en este debate será la misma que se usará en su contra sin que la pueda controlar o controvertir.

Las defensas de los coimputados señalaron que al no poder controlar la prueba, que puede ser de cargo o de descargo, se los perjudicaría.

Evidente

En el comunicado, Urribarri expresó, en referencia a una causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones publicitarias y acciones de promoción efectuadas durante su gestión en la provincia, que “la jornada que presenciamos hoy en el juicio demuestra la evidente arbitrariedad y falta de objetividad que venimos sosteniendo desde hace tiempo”.

También manifestó: “Quiero que sepan los entrerrianos de qué se está hablando, qué es lo que se está investigando realmente y también que obramos dentro de la ley y así lo vamos a demostrar”.

Construcción

También sostuvo que “en esta causa se ha instalado a través de algunos medios que son delitos distintos actos de gobierno absolutamente normales que no merecieron ninguna objeción por parte de los organismos de control existentes. Además, no se han tenido en cuenta ninguno de los planteos de las defensas y hasta se ha fijado fecha del juicio oral y público en medio de un proceso electoral».

El ex mandatario provincial y actual embajador argentino en Israel, sostuvo que “todo ello muestra claramente el direccionamiento que existe en este proceso, que es parte de la operatoria que desplegó el macrismo como forma de construcción de poder y cuya pata política en la provincia ha sido Rogelio Frigerio”, manifestó el ex gobernador.

Vulneración

Urribarri expresó que “a todos esos ataques y arbitrariedades hoy se suma la violación del derecho de defensa de un imputado a partir de la resolución adoptada por el tribunal a propuesta de la Fiscalía. Resulta que una persona se ve imposibilitada de participar en el juicio por encontrarse en un delicado estado de salud y se decide continuar sin que pueda ejercer materialmente su defensa y sometiéndolo a un futuro juicio que seguramente estará condicionado por el resultado del que se está desarrollando ahora. Una verdadera aberración jurídica”.

Mecanismo

Respecto de las acusaciones en su contra, que abarcan también a ex funcionarios y empresarios, Urribarri sostuvo: “Este mecanismo de persecución le pone nombres de fantasía a este tipo de investigaciones, que no se condicen con la realidad. En este caso, le dicen ‘megacausa’ a un expediente en el que, en realidad, se investiga si se hicieron o no carteles de publicidad que todos los entrerrianos vieron con sus propios ojos durante mi gobierno en las rutas de la provincia difundiendo distintas acciones y obras, una solicitada contra los fondos buitre, cuatro spots publicitarios para promocionar a la provincia aprovechando la realización en Entre Ríos de la Cumbre del Mercosur que para los fiscales son una promoción de mi figura, y la instalación de un parador de promoción turística en una playa de la costa atlántica que se enmarcó en una serie de acciones que llevaron a que nuestra provincia se convirtiera en uno de los principales destinos de la Argentina, pero según esta investigación también fue para promocionarme a mí”.

Acusación

La procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, desarrolló la prueba que Fiscalía tendría en los legajos acumulados Nº 11.808, caratulado «Urribarri, Sergio Daniel; Baez, Pedro Ángel; Tortul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Felix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel s/ Peculado y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública»; N° 4385, caratulado «Urribarri, Sergio D.; Baez, Pedro A.; Aguilera, Juan P.; Cargnel, Corina  E.; Montañana, Hugo F.; Tamay, Gustavo R.; Almada, Luciana B.; Giacopuzzi, Emiliano O.; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano s/Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de la Función Pública, Peculado y Defraudación a la Administración Pública»; y  n° 6.399, caratulado «Urribarri, Sergio Daniel; Baez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban s/ Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de la Función Pública».

Goyeneche sostuvo que se trata de cinco hechos de corrupción, acumulados en un solo expediente. Así, refirió la prueba que se acumuló durante las investigaciones, de las que destacó que el “denominador común” es que se trató de dar apariencia legal a las actuaciones “con el fin de ocultar la sustracción de fondos públicos”.

También señaló que el ex gobernador y el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, favorecieron, desviando desde el poder a favor de las empresas de publicidad de Juan Pablo Aguilera y las de Jesús Bustamante y Montañana, sosteniendo que “actuaban bajo la ficción de un aparente reparto de publicidad”.

La referencia a Bustamante, que el 24 mayo de 2018 resolvió su situación en un juicio abreviado fue muy cuestionada por las defensas de los coimputados en ese legajo. Miguel Ángel Cullen, planteó la reserva del caso federal porque Fiscalía refirió a un nuevo hecho que afectaría “gravemente el derecho de defensa”, y se trataría de un “clarísimo” acto de “vulneración” de aquel derecho porque Bustamante y Montañana no están en el debate, y Fiscalía dijo que Gustavo Tamay, un defendido suyo, “maliciosamente” direccionaba pauta publicitaria.

Respecto de Bustamante, Cullen sostuvo que mencionar aquel “fallo con carácter firme en un juicio abreviado”, en caso de “conexión de causas” no puede tomarse como “confesión” lo que manifestó otro imputado en otro juicio. Los defensores, Emilio Fouces, José Velázquez y Marcos Rodríguez Allende, adhirieron al planteo de Cullen respecto de la cuestión federal.