El comprador, JGG, fue detenido en 2017 en un operativo en el Túnel Subfluvial cuando circulaba con una Cédula de Identificación Automotor robada. Posteriormente, en sede judicial, se “acreditó que el rodado (robado) que fuera detenido había sido vendido por MGG”, a quien “JGG le había comprado automóviles en otras ocasiones”. Ambos ofrecieron una reparación integral que fue aceptada y se destinará a un grupo de merenderos.

La jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, en su integración unipersonal en la vocalía de Lilia Carnero, resolvió “disponer el sobreseimiento de JGG, de ocupación comerciante, de 51 años, oriundo de Paraná, con domicilio en Mendoza; y de MGG, de 31 años, oriundo de de Mendoza, con domicilio en la ciudad de su nacimiento…; quienes fueron imputados como coautores de los delitos de Falsificación de documentos públicos y/o su uso, en concurso ideal con el de encubrimiento por Receptación dolosa agravado por el ánimo de lucro…”. Asimismo, la jueza dispuso que “cesen todas las restricciones que fueron dispuestas sobre los sobreseídos”.

La jueza consideró “razonable” que “las partes acordaron que el instituto de reparación integral, sea concedido para ambos imputados, en los siguientes términos: JGG, un pago de 150.000 pesos y MGG, un pago de 160.000 pesos”. No obstante hacer lugar al ofrecimiento, la jueza informó “a los imputados que este Tribunal Oral no recibe dinero, sino que se asigna una institución de bien público, a quien deberán transferirle la suma dineraria convenida, y posteriormente remitir las constancias pertinentes, a este Tribunal Oral”. Los sobreseídos se comprometieron a depositar las sumas que serán destinadas a un grupo de merenderos.  Carnero evaluó que ambos imputados no registraban antecedentes penales y que no se les concedió con anterioridad un beneficio de esta naturaleza.

La jueza sostuvo que la salida es “una solución disyuntiva que no solo genera beneficios a la comunidad, sino que también descomprime el sistema judicial y disminuye la carga negativa que pesa sobre la persona sometida a proceso penal”. En otro orden ponderó que “el instituto en cuestión, es uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos reconocidos en el Código Penal, además de la conciliación, mediación, y composición”, replicó APF Digital.

Las actuaciones se iniciaron en un operativo de control vehicular que se realizó el 26 de junio de 2017, aproximadamente a las 15:35. Allí, personal del Puesto Caminero Túnel Subfluvial detuvo la marcha de una Ford Ranger que era conducida por JGG. Al analizar la documentación se constató que la Cédula de Identificación Automotor (CDI) tenía como titular a otra persona y la cédula de autorizado a conducir, a nombre de JGG.

El personal de la fuerza compulsó el dominio en la base de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y obtuvo que el número de motor, chasis como la propiedad y cédulas asociadas no coincidían con los datos de las cédulas exhibidas. Por ello, procedió realizar consulta del número de control N° 77674054, informándose que el mismo corresponde a una CDI asignada a un Volkswagen Gol Trend.

Compulsada las numeraciones en la página web del Registro de la Propiedad Automotor se obtuvo que las cédulas exhibidas tenían asignado un dominio que presenta estado “Robado”. Por este motivo, previa comunicación con el Juzgado Federal del asiento, se procedió al secuestro del rodado. Ya en sede judicial, se acreditó que el rodado (robado) que fuera detenido había sido vendido por MGG, a quien JGG le había comprado automóviles en otras ocasiones.