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El Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, afirmó que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Néstor Roncaglia, debe definir si asumirá el pago de la mayor parte de la nueva autopsia al cuerpo de Ariel Goyeneche, cuyo costo asciende a 2.620.000 pesos. Es crucial para determinar si existe o no responsabilidad policial.
Cabe recordar que Goyeneche, de 36 años, falleció por asfixia en la madrugada del 12 de febrero del 2024, luego de ser detenido y cuando era trasladado a la comisaría segunda de Paraná. Por ese hecho hay una causa penal con tres policías imputados por homicidio en exceso del cumplimiento del deber.
En la investigación penal preparatoria, a cargo del fiscal Santiago Alfieri, los policías imputados son: Lisandro Romero y David Vázquez (defendidos por los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti), y el oficial Alan Vázquez (defendido por Eduardo Gerard).
La declaración del funcionario surge tras la resolución del juez de Garantías Elvio Garzón, quien el 14 de febrero ordenó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) afronte el 60% del monto de la pericia, mientras que el Ministerio Público Fiscal deberá pagar el 10% y los policías imputados el 30% restante, dividido en tres partes iguales.
En diálogo con Uno, Rodríguez Signes explicó que el STJ no debe asumir ese gasto, argumentando que el tribunal no es parte del proceso penal y que la sentencia carece de motivación. Asimismo, aclaró que, si bien la Provincia podría tener interés en la producción de la pericia forense, antes de comprometerse a cubrir el costo, consultó al ministro de Seguridad. La respuesta oficial se conocerá, a más tardar, el próximo martes.
Días después de que el juez ordenó al STJ asumir la mayor parte del gasto de la nueva autopsia, el presidente del máximo tribunal, Leonardo Portela, pidió la intervención de la Fiscalía de Estado. El objetivo fue apelar la decisión.
“La discusión es que el juez Garzón atribuyó que el Superior Tribunal de Justicia asuma el 60% del costo de la pericia y el resto a los imputados y el Ministerio Público Fiscal. La cuestión es que el Superior no puede hacerse cargo de los costos de una pericia penal. Primero, no es parte del proceso como para que tenga que afrontar gastos; y, segundo, la sentencia no está motivada”, dijo.
Y agregó: “A nosotros nos notifica la Oficina de Gestión de Audiencia. Nosotros tampoco somos partes del proceso, pero el presidente del Superior me pone en conocimiento de este tema y nosotros apelamos la resolución”.
“El miércoles se hizo una audiencia donde se trató el tema. Yo sostuve, sostengo y sostendré que no le corresponde afrontar los gastos al Superior. No obstante, tampoco descarto la posibilidad de que la Provincia asuma parte del costo. Y es que podemos tener interés en la producción de esa pericia”, puntualizó.
Finalmente, señaló que la pericia de la Corte podría servirle a la Provincia ante una eventual demanda civil por responsabilidad del Estado. En los Tribunales hay muchos antecedentes de demandas contra el Estado por el accionar de funcionarios policiales o médicos, consignó diario Uno.
“Acá están imputados tres agentes de la policía de Entre Ríos. En este caso todavía no existe una demanda patrimonial. Lo que está en juego es un proceso penal, pero no descartamos que exista uno de responsabilidad que le incumbe a la Provincia y podría servir. Si la pericia la van a hacer los médicos forenses de la Corte Suprema, dado el costo que no es muy alto, a nosotros nos puede interesar”, aseveró el Fiscal de Estado.
“Como no puedo comprometer la decisión, pedí un cuarto intermedio porque lo consulté al ministro de Seguridad”, cerró.
Así las cosas, para la semana próxima se espera la respuesta de la autoridad máxima de la seguridad en la provincia. Entonces se sabrá si se avanza con los trámites para la nueva autopsia.
