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A principios del mes de junio, fue desplazada de su cargo la coordinadora de Comedores Escolares del departamento Concordia, Silvina Murúa, por una serie de irregularidades administrativas ocurridas durante su gestión.
La investigación motorizó una primera revisión contable, y los primeros resultados surgieron de una auditoría que cruzó datos sobre los gastos ejecutados en un total de 21 comedores del departamento Concordia.
De allí surgió que, más de 66 millones de pesos, no habrían tenido como destino la adquisición de alimentos o insumos de uso directo para el funcionamiento de dichos comedores.
En concreto, serían 66.143.225 millones de pesos -de los recientes meses de marzo y abril- los que no tendrían justificación de gasto.
Además, se detectó que Murúa habría incorporado como contratada a su hermana, quien reside y ejerce como docente en la localidad de Mocoretá, Corrientes, por lo cual no podría cumplir funciones efectivas en Concordia.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano confirmaron que toda la documentación será elevada al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien deberá evaluar si corresponde una investigación sumaria o una presentación ante la Justicia ordinaria.
Pero la situación de Murúa ya había quedado en la mira semanas antes. El pasado 4 de abril, la policía allanó la vivienda de su pareja en el marco de una causa por abuso de armas.
El procedimiento se realizó porque el hombre estaba sindicado como presunto autor de los disparos que hirieron a una persona en inmediaciones de calles Las Heras y Villaguay.
Durante el operativo, los funcionarios notaron que había una gran cantidad de alimentos e insumos que presuntamente, serían utilizados en comedores escolares, lo que llamó la atención de los investigadores.
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