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El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió este lunes rechazar el pedido de arresto domiciliario solicitado por la defensa de Leonardo Roberto Airaldi, quien se encuentra procesado por dos causas por tráfico de drogas, una en Entre Ríos y otra en Santa Fe.
La decisión, firmada por los jueces Noemi Berros, José María Escobar Cello y Mariela Emilce Rojas, ratifica que el imputado deberá permanecer alojado en una unidad penitenciaria hasta la finalización del debate oral.
De esta manera, el exdirector de la Sociedad Rural de Diamante (SRA) llegará detenido al juicio oral y público cuyo inicio está previsto para el 24 de febrero, aunque solicitó la postergación del debate.
Al juicio están citados 51 personas en total, que declararán acerca de las dos causas acumuladas: por la organización que traficó drogas en Diamante y en Paraná, entre 2019 y 2024; y la que surgió en agosto de 2022 en Santa Fe por los 30 kilos de cocaína hallados en la casa del puestero de Airaldi en Puerto Gaboto.
El dirigente rural, actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú. Su defensa buscaba una domiciliaria con tobillera, ya que argumentó problemas de salud y la necesidad de estar con sus hijos menores de edad.
Dada la escala penal de los delitos imputados, que prevén un mínimo de ocho años de prisión, el tribunal consideró que una eventual condena no sería de ejecución condicional.
La abogada defensora, Mariana Barbitta, había solicitado el beneficio argumentando razones humanitarias, de salud y el interés superior de los hijos menores de Airaldi.
Entre los puntos destacados por la defensa, se mencionaba un deterioro en la salud psicofísica del procesado (síndrome depresivo y complicaciones respiratorias), la necesidad de contacto con sus hijos mellizos de cinco años y la situación de su madre, de 80 años, quien padece una enfermedad oncológica.
Asimismo, la defensa propuso un domicilio en la ciudad de Paraná para facilitar la logística del juicio y el ejercicio del derecho de defensa, ofreciendo incluso el uso de dispositivos de vigilancia electrónica y controles policiales sorpresivos.
El Ministerio Público Fiscal, representado por José Ignacio Candioti y Juan Sebastián Podhainy, se opuso firmemente a la medida. La fiscalía sostuvo que la prisión domiciliaria es una excepción restrictiva y que las necesidades médicas de Airaldi están siendo debidamente atendidas dentro del sistema carcelario, donde ha recibido consultas de diversas especialidades.
El tribunal coincidió con la fiscalía al señalar que no se ha acreditado una situación de desamparo que justifique la medida. Respecto a los hijos menores, los jueces recordaron que ya existe un régimen de videollamadas homologado por la justicia para garantizar el vínculo paterno-filial.
Uno de los puntos determinantes para la negativa fue la existencia de riesgos procesales. El tribunal advirtió que, ante la inminencia del juicio oral, existe un peligro latente de entorpecimiento probatorio, mediante posibles maniobras de hostigamiento o amedrentamiento a testigos.
Además, los magistrados destacaron que el peligro de fuga se mantiene vigente debido a los “ingentes recursos económico-financieros” de Airaldi y sus “afiatados vínculos sociales y político-gremiales”, acentuados por su carácter de personalidad pública en la región.
Finalmente, para garantizar su presencia en las audiencias y facilitar el contacto con sus abogados, el tribunal dispuso que Airaldi sea trasladado a la Unidad Penal N°1 de Paraná durante el desarrollo del debate oral, asegurando así la cercanía con la sede judicial sin necesidad de otorgar el arresto domiciliario, publicó Ahora.
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