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En medio de la presión inflacionaria y el aumento sostenido del precio de los combustibles, el Gobierno nacional decidió aplicar un paquete de medidas para intentar frenar nuevas subas en surtidor. Según confirmaron fuentes oficiales, se postergará el incremento del impuesto a los combustibles previsto para abril y, en paralelo, se habilitará una mayor utilización de bioetanol en las naftas.
El objetivo, remarcaron desde el Ejecutivo, es claro: “proteger al consumidor” en un contexto marcado por la volatilidad internacional del precio del petróleo y su impacto directo en la economía local.
La principal decisión fue frenar la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del tributo al CO2, que debía aplicarse en abril conforme al esquema trimestral atado a la inflación.
“No vamos a aumentar el impuesto a los combustibles en abril, por la suba del precio internacional del barril y para mitigar el impacto en surtidor”, señalaron fuentes oficiales.
El ICL representa aproximadamente el 15,83% del precio final de la nafta, mientras que el impuesto al carbono suma cerca de un 1% adicional. En conjunto, los tributos explican más de un tercio del valor que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Sin embargo, esta política de postergaciones no es nueva. A lo largo de 2025 y lo que va de 2026, el Gobierno ya había diferido en varias ocasiones la actualización de estos impuestos, resignando ingresos fiscales en favor de moderar el precio final.
En simultáneo, la Secretaría de Energía de Argentina avanzó con una medida técnica que apunta a dar mayor flexibilidad a las refinadoras y reducir costos de producción, consignó Cadena3.
A través de una nueva resolución, se elevó el límite de oxígeno permitido en las naftas, lo que habilita a las empresas a incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol en la mezcla.
“La medida apunta a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor”, indicaron desde el organismo.
Este cambio no modifica el corte obligatorio vigente, sino que permite a las compañías decidir si incrementan la proporción de biocombustible, reduciendo así la dependencia del componente fósil derivado del petróleo, cuyo precio está atado al mercado internacional.
Las decisiones se dan en un escenario global complejo, atravesado por tensiones energéticas y conflictos geopolíticos que impactan directamente en el valor del crudo. En el último mes, los combustibles registraron subas cercanas al 15% en Argentina, lo que encendió alertas en el Gobierno por su efecto en la inflación.
En este contexto, el Ejecutivo busca equilibrar dos variables sensibles: evitar un traslado directo a precios que afecte el bolsillo de los consumidores y, al mismo tiempo, sostener la recaudación fiscal.
