La democracia es un consenso, un pacto ciudadano en el que coincidimos en que las diferencias políticas se dirimen en las urnas, no de otra manera. Más allá de las disputas, ese acuerdo implica respetar al otro y, especialmente, a quien fue electo por mayoría popular como presidente.
En este marco, una mujer oriunda de Oro Verde afrontará este mes un juicio oral y público por haber lanzado desde redes sociales intimidaciones contra el expresidente Mauricio Macri, cuando en 2019 visitó una empresa cárnica de la vecina localidad de Paraná. El caso, que vuelve a poner en debate los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los ciudadanos en el uso de plataformas digitales, será analizado por la Justicia federal entrerriana.
Según informó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el debate comenzará el viernes 17 en el Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná y estará a cargo del juez Sebastián Gallino. La defensa de la acusada estará en manos de la abogada pública Noelia Quiroga, mientras que la acusación será llevada adelante por el fiscal general federal José Ignacio Candioti.
El hecho investigado ocurrió en 2019, cuando a través de la línea 143 del Ministerio de Seguridad de la Nación se recibió un llamado telefónico alertando sobre un mensaje publicado en la red social Facebook. En el perfil de una mujer identificada como E.B.T. se había difundido un texto violento: “Por favor que alguien le dé un tiro en la frente a Macri”.
El área de Cibercrimen de la Policía Federal tomó intervención y notificó al Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini. De inmediato se ordenó identificar a la persona que realizó la publicación, estableciéndose que residía en Oro Verde.
El expediente pasó luego al Juzgado Federal N.º 1 de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, que con apoyo de la Policía Federal logró individualizar a la mujer. Tras ser citada, declaró en la causa y sostuvo que su página había sido “hackeada”, aunque esa versión no pudo ser corroborada.
El juez le imputó el delito previsto en el artículo 209 del Código Penal: “El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años”. La pena, según la gravedad y las circunstancias, puede oscilar entre dos y seis años de prisión.
Este tipo de acusaciones, aunque no impliquen la concreción del delito, buscan sancionar la incitación pública a la violencia, especialmente cuando se trata de figuras institucionales como un presidente de la Nación.
El caso no es aislado. En Paraná existe otra causa en trámite contra el youtuber Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto. En 2020 difundió un video en el que instaba a los trabajadores municipales a quemar la casa del intendente Adán Bahl con su familia adentro.
En 2024 se realizó el juicio oral y el juez Santiago Brugo lo absolvió, considerando que sus dichos se enmarcaban en la libertad de expresión y la crítica política. Sin embargo, en 2025 la Cámara de Casación Penal anuló el fallo y ordenó un nuevo juicio. Prestofelippo, defendido por Augusto Lafferriere, espera ahora que se fije fecha para ese debate.
Ambos procesos judiciales ponen sobre la mesa una discusión sensible: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza la instigación a la violencia? En tiempos de hiperconectividad, las redes sociales se han convertido en un espacio donde las palabras pueden tener consecuencias jurídicas y sociales de gran alcance.
El juicio contra la mujer de Oro Verde será seguido de cerca por la opinión pública, no solo por la gravedad de la acusación, sino porque se trata de un caso que puede sentar precedentes en la interpretación de los límites legales de la expresión política en Argentina.
