Cocinera de una escuela entrerriana deberá devolver más de $10 millones por faltas injustificadas

El gobierno de Entre Ríos dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra una agente de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Humano por registrar inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo. Además, intimó a la trabajadora a reintegrar más de 10 millones de pesos que, según se determinó, fueron percibidos de manera indebida.
La agente involucrada integra la planta permanente de la Dirección de Comedores y se desempeña como cocinera en el comedor escolar de la Escuela N° 116 “Cabo Misael Pereyra”, del departamento Uruguay.
De acuerdo con el decreto al que accedió Elonce, la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, deberá llevar adelante la investigación administrativa para determinar las responsabilidades correspondientes por las ausencias injustificadas atribuidas a la trabajadora.
La normativa también ratificó la vigencia del régimen sumarial establecido por el Decreto N° 2/70 SGG y sus modificatorias, hasta tanto se dicte una nueva reglamentación conforme a la Ley N° 9.755.
Según consta en la resolución, la situación fue analizada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, organismo que efectuó la liquidación de los montos percibidos indebidamente.
Reclamo por más de $10 millones
El decreto aprobó una liquidación por un total de 10.293.021,75 pesos, suma a la que deberán adicionarse los intereses devengados y a devengarse hasta el momento de su efectivo pago, calculados conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina.
Asimismo, se intimó a la agente para que reintegre el dinero en un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación de la medida.
La resolución estableció que, en caso de incumplimiento, se iniciarán las acciones legales correspondientes para procurar el recupero de los fondos reclamados.
Finalmente, el decreto también dispuso que, si no se concreta la devolución dentro del plazo fijado, deberá intervenir la Fiscalía de Estado para promover las acciones judiciales tendientes a recuperar el monto reclamado, junto con los intereses, gastos y honorarios que pudieran corresponder.

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