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Paro en todos los puertos del país por un decreto del gobierno que desregula una actividad clave

Es una protesta de los prácticos, quienes se encargan de hacer entrar y salir los buques. La medida afecta el 80% de las exportaciones del país, aunque se mantienen guardias mínimas para buques petroleros y gaseros. 
Nacionales04 de agosto de 2026


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Los puertos de todo el país siguen paralizados por una medida de fuerza tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, promovido por el Gobierno nacional para desregular el servicio de practicaje.

La protesta —un lock-out llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos— comenzó el sábado 1 de agosto y abarca desde los puertos del extremo sur, en Ushuaia, hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Impacta con especial dureza en el Río de la Plata y el río Paraná, zonas por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de Argentina, dejando a decenas de embarcaciones sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.

El decreto que facilitó la acción sindical, impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, busca eliminar las "barreras de entrada" al sector, reducir costos operativos y permitir la contratación directa de servicios, además de habilitar a capitanes con experiencia a navegar sin la obligación de disponer de contratos de prácticos.

Desde la vereda de enfrente, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante tildó la reforma de "abusiva e inconstitucional". La entidad adelantó que recurrirá a la Justicia Federal mediante una acción de amparo y radicará una denuncia penal contra los funcionarios firmantes, al señalar que la desregulación pone en riesgo directo la seguridad náutica de los ríos.

Ante el desabastecimiento operativo y las complicaciones logísticas, la Prefectura Naval Argentina reaccionó enviando cédulas de "intimación perentoria" a los profesionales para que reanuden la prestación del servicio bajo apercibimiento de ley, invocando la condición de servicio público esencial que reviste el practicaje.

A pesar de la advertencia oficial, los profesionales ratificaron la medida de fuerza. No obstante, fijaron excepciones estratégicas: continúan prestando servicio a buques petroleros y de gas licuado para no comprometer el abastecimiento energético interno ni generar contingencias ambientales en los cursos fluviales.

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