Cuatro personas fueron condenadas a duras penas de prisión efectiva, y quedó claro, entre otras cosas, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad económica, social y familiar en la que se encontraba la adolescente entrerriana.
El jurado ya se reunió para la selección de la terna de candidatos. Para mediados de 2018, las víctimas o sus familiares -en caso de muerte-, podrían contar con representación legal gratuita en el proceso judicial.