Un tribunal de Corrientes condenó a tres mujeres y un hombre a las penas de ocho y diez años de cárcel por regentear una red de prostíbulos en la ciudad de Mercedes, en los que eran explotadas sexualmente al menos 21 mujeres, una de ellas menor de edad y oriunda de la localidad entrerriana de Gral. Campos.

Sandra Beatriz Cerri, su pareja Ismael Piñeiro y María Yolanda Casco recibieron penas de ocho años de prisión, mientras que Claudette Krewer Ramos fue condenada a 10 años.

Los cuatro estaban acusados de regentear tres locales nocturnos para explotar a más de 20 mujeres de diversas nacionalidades mediante abuso de situaciones de vulnerabilidad social y económica, en cuadros procesales agravados por la cantidad de víctimas.

En el mismo acto fue absuelta Miriám Caceres, una de las imputadas, debido a que los jueces coincidieron en que carecía de responsabilidades por los actos ilícitos investigados.

Juan Carlos Ojeda era el otro implicado en la causa, pero murió en 2015.

En el juicio, desarrollado por los jueces Fermín Ceroleni, Lucrecia Rojas y Víctor Antonio Alonso, intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriel López Breard, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Cómo funcionaba la red de Trata
La investigación comenzó en febrero de 2014, cuando las mujeres fueron rescatadas de los locales "Tango", "Casanova" y "Caprichos" de Mercedes, a 245 kilómetros de la capital correntina.

Según la instrucción de la causa, los locales funcionaban como una red, con modalidades de sometimiento similares.

Como ejemplo indicaron que dos mujeres de apellidos Casco y Cáceres, encargadas del "Casanova", se quedaban aproximadamente con el 50 por ciento de lo que cobraban a los clientes, según el caso.

"De la cerveza compartida, que sale 80 pesos, se quedaban con 30; de la copa común, que está 40, se quedaban con 20 o 25, detalla el expediente al que Télam tuvo acceso.

La modalidad era la misma en Tango, cuyos responsables eran Cerri y su pareja, Piñeiro.

"A veces hacen salidas con los clientes, esto depende de las chicas si quieren hacerlo o no y esa plata queda para ellas", dice la instrucción judicial y detalla que en Casanova el pase de 20 minutos para relaciones sexuales costaba $250 pesos y la hora entre $400 y $500.

Por cada 20 minutos que utilizaban la habitación "a las víctimas les eran retenidos $20 y si eran 30 minutos, $30 pesos", señalaron los investigadores con base en declaraciones de psicólogas del Programa de Rescate de víctimas de trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Una de las mujeres rescatadas del Casanova dijo en su declaración que por noche cumplía con un número estimado de entre 15 y 30 copas y de dos a cinco pases para relaciones sexuales.

Y se remarcó la época de mayor actividad de los locales: "Varias de las entrevistadas refirieron que en el mes de enero habían realizado un promedio de 30 copas y seis o siete pases por noche.

Explicaron que habitualmente, y vinculado a las festividades del Gauchito Gil durante el mes de enero, era frecuente que concurriese al lugar una gran cantidad de clientes/prostituyentes, y que por tal motivo las mujeres concurrían de lunes a lunes sin tener días de descanso", explicaron en un informe las profesionales.

adolescente entrerriana.
 
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Un tribunal de Corrientes condenó a tres mujeres y un hombre a las penas de ocho y diez años de cárcel por regentear una red de prostíbulos en la ciudad de Mercedes, en los que eran explotadas sexualmente al menos 21 mujeres, una de ellas menor de edad y oriunda de la localidad entrerriana de Gral. Campos.

Sandra Beatriz Cerri, su pareja Ismael Piñeiro y María Yolanda Casco recibieron penas de ocho años de prisión, mientras que Claudette Krewer Ramos fue condenada a 10 años.

Los cuatro estaban acusados de regentear tres locales nocturnos para explotar a más de 20 mujeres de diversas nacionalidades mediante abuso de situaciones de vulnerabilidad social y económica, en cuadros procesales agravados por la cantidad de víctimas.

En el mismo acto fue absuelta Miriám Caceres, una de las imputadas, debido a que los jueces coincidieron en que carecía de responsabilidades por los actos ilícitos investigados.

Juan Carlos Ojeda era el otro implicado en la causa, pero murió en 2015.

En el juicio, desarrollado por los jueces Fermín Ceroleni, Lucrecia Rojas y Víctor Antonio Alonso, intervinieron el fiscal general Carlos Schaefer y la fiscal auxiliar Gabriel López Breard, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).Cómo funcionaba la red de trata
La investigación comenzó en febrero de 2014, cuando las mujeres fueron rescatadas de los locales "Tango", "Casanova" y "Caprichos" de Mercedes, a 245 kilómetros de la capital correntina.

Según la instrucción de la causa, los locales funcionaban como una red, con modalidades de sometimiento similares.

Como ejemplo indicaron que dos mujeres de apellidos Casco y Cáceres, encargadas del "Casanova", se quedaban aproximadamente con el 50 por ciento de lo que cobraban a los clientes, según el caso.

"De la cerveza compartida, que sale 80 pesos, se quedaban con 30; de la copa común, que está 40, se quedaban con 20 o 25, detalla el expediente al que Télam tuvo acceso.
La modalidad era la misma en Tango, cuyos responsables eran Cerri y su pareja, Piñeiro.

"A veces hacen salidas con los clientes, esto depende de las chicas si quieren hacerlo o no y esa plata queda para ellas", dice la instrucción judicial y detalla que en Casanova el pase de 20 minutos para relaciones sexuales costaba $250 pesos y la hora entre $400 y $500.

Por cada 20 minutos que utilizaban la habitación "a las víctimas les eran retenidos $20 y si eran 30 minutos, $30 pesos", señalaron los investigadores con base en declaraciones de psicólogas del Programa de Rescate de víctimas de trata, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.

Una de las mujeres rescatadas del Casanova dijo en su declaración que por noche cumplía con un número estimado de entre 15 y 30 copas y de dos a cinco pases para relaciones sexuales.

Y se remarcó la época de mayor actividad de los locales: "Varias de las entrevistadas refirieron que en el mes de enero habían realizado un promedio de 30 copas y seis o siete pases por noche.

Explicaron que habitualmente, y vinculado a las festividades del Gauchito Gil durante el mes de enero, era frecuente que concurriese al lugar una gran cantidad de clientes/prostituyentes, y que por tal motivo las mujeres concurrían de lunes a lunes sin tener días de descanso", explicaron en un informe las profesionales.
Uno de los casos con agravantes es el del prostíbulo Capricho, donde la copa valía $60 de los cuales $20 eran entregados a las mujeres, con un pase de $250 pesos que dejaba $50 por la pieza.

Allí fue rescatada una chica de 17 años, oriunda de la localidad entrerriana de General Campos e integrante de una familia con cuatro hermanos, quien relató haber llegado por intermedio de una tía, que dormía en el cuarto donde era sometida sexualmente y que le descontaban $20 pesos por día para comida.

De acuerdo con lo indicado por las psicólogas, la adolescente atravesaba "procesos de vulnerabilidad social, económica, familiar y habitacional", luego de abandonar sus estudios y permanecer sin trabajo.

"Estaba trabajando desde hacía aproximadamente dos semanas, residía y trabajaba en el prostíbulo Capricho. Llegó por intermedio de una tía (hermana del padrastro de la menor) que le habría dicho que Juan Carlos Ojeda necesitaba 'chicas para el prostíbulo'; hasta pocos días antes del allanamiento su tía se encontraba en su misma situación pero había retornado a la ciudad donde vivía para encontrarse con su hijo.

La menor se habría criado junto a su tía, con su madre, hermanos y hermanastros. Un año antes del allanamiento, la menor había trabajado en Entre Ríos como niñera de sus hijos alrededor de dos semanas. Viajó al lugar por sus propios medios y con dinero de su familia para encontrarse con su tía y arribar al local Capricho", se indicó en el fallo al que accedió Uno.

Conexiones entrerrianas

Asimismo, en la causa se constató que otra de las víctimas había transitado por prostíbulos que funcionaban en Entre Ríos.

La mujer manifestó que residía en Mercedes hacía un año y que se inició en situación de prostitución hacía más de tres años, y que desde aquel momento había circulado por diferentes prostíbulos de las provincias de Entre Ríos (como El Desafío, en Federal, y El Paraíso, en la localidad de Chajarí) y Corrientes.

Al momento de evaluar la situación de las víctimas en base a los informes de los profesionales de la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata de la Nación, el Tribunal sostuvo que "frente a situaciones sumamente desfavorables y de reiteradas vulneraciones de sus derechos, es que las mujeres suelen visualizar la situación de prostitución como 'la única alternativa' para garantizar su subsistencia y la de sus familias.