La situación de crisis que atraviesa el país, por lo menos desde 2016, se ve reflejada principalmente en indicadores macroeconómicos de proyección negativa: proceso sostenido de alta inflación, una fuerte recesión, aumento del desempleo y cifras récord de pobreza. Es una sencilla radiografía de una coyuntura mucho más compleja, que está dando cuenta de uno de los períodos con mayor brecha de desigualdad social. Son múltiples las posibilidades de abordar la problemática, como las variables económicas que pretenden reducir todo a meras cifras. Un disparador interesante es aquel que conduce hacia los expedientes de crisis que se tramitan en la Justicia entrerriana, tanto de concursos y quiebras como de ejecuciones, monitorios y secuestros prendarios, entre otros. Según un informe elaborado por el Área de Planificación, Gestión y Estadística del Superior Tribunal de Justicia (STJ), solo en los cuatros juzgados especializados en la temática se iniciaron entre febrero y septiembre de este año 1.331 causas por ejecuciones, 2.531 por monitorios, 86 por concursos y quiebras y 163 de secuestros prendarios.

Si bien la mayoría de los procesos corresponden a ejecuciones y monitorios, en la actualidad se está dando un fenómeno en el marco de los procesos de concursos y quiebras: es notorio el crecimiento de las quiebras de personas físicas o humanas, quienes en su mayoría son empleados de la administración pública. En lo que va de este año se declararon dos sentencias de quiebra por semana, por lo que si se tiene en cuenta que la actividad judicial comienza en febrero se produjeron un promedio de 66 quiebras en el año. “Tenemos muchas quiebras de personas humanas de distintas reparticiones de la administración pública nacional, provincial y municipal”, confirmó a UNO el titular del Juzgado N° 9 de Concursos y Quiebras de Paraná, Ángel Moia.

El magistrado explicó que, por lo general, las personas que recurren a esta herramienta atraviesan un problema de sobreendeudamiento. Son individuos que tienen un salario fijo y que se endeudan por encima de sus ingresos, piden su propia quiebra y así licúan el pasivo. “Se les afecta un porcentaje del salario, que perdura en el tiempo hasta que se puedan pagar los gastos del concurso”, ilustró el juez.

Un dato que surge de los expedientes es que las personas quebradas recurren a préstamos con financieras, en planes de más ocho cuotas y la falta de solvencia los pone en una verdadera encrucijada. “La compra a crédito es un acto de fe, porque quizás hoy su pauta salarial le permite tener ese consumo con determinada inflación, pero que en cierta cantidad de meses no sabe si podrá pagar. El problema que hoy hay y que quizás la ley sea muy pesada, es de quiebras de personas físicas. Ni siquiera digo consumidores, porque estamos teniendo jubilados y amas de casas, cuyos ingresos no le permiten el mantenimiento de gastos ordinarios, que en algún momento el faltante se emparcha con créditos”, precisó Moia.

La verificación de los recibos de sueldo, que es una instancia posterior a la declaración de la quiebra, permite observar que se pasó de comprar bienes duraderos a la utilización de los créditos para pagar en cuotas las cuentas del supermercado. “Han ocurrido situaciones fortuitas, como divorcios, enfermedades, accidentes, que son cuestiones que no estaban previstas, hasta la necesidad de pagar cosas. Y así un crédito refinancia a otro”, aseguró.

El mapa jurídico de la crisis

La reforma del Código Procesal dispuso la creación de juzgados especializados, lo cual contribuyó a descomprimir la concentración de causas en las diferentes jurisdicciones. Desde ese momento los concursos, quiebras, ejecuciones que antes pertenecían a la órbita de los mismos juzgados que atendían casos de Familia, pasaron a tramitarse exclusivamente en cuatro dependencias: en el Departamento Paraná, los Civiles y Comerciales Nº 9 y Nº 10; en Uruguay el Nº 3 y el Nº 5 de Concordia.

A diferencia de lo que sucede en la capital provincial, los juzgados de Concepción del Uruguay y de Concordia se enfrentan a un costado opuesto de la crisis socioeconómica. Por ejemplo, tienen muchas más presencias de ejecuciones individuales de entidades financieras o crediticias contra personas físicas. Es un termómetro de la realidad que se consigna en las estadísticas. Solo en ocho meses en el Juzgado Civil y Comercial concordiense se iniciaron 724 causas por ejecuciones. La cifra supera los 476 procesos de ejecuciones que hasta septiembre se habilitaron en el Juzgado Civil y Comercial Nº 10 de Paraná. “En el Juzgado de Adriana Acevedo, vamos viendo qué es lo que se va ejecutando, en su mayoría son prendas con registro. Esencialmente son rodados y maquinaria, incluso hasta la última vez que hablé con ella había ejecuciones de planes Procrear. El circuito económico que está en una situación de evidente crisis, empieza por ejecuciones individuales”, graficó Moia.

La complejidad de los casos que contemplan a los concursos preventivos y quiebras puede repercutir significativamente en los plazos procesales. Para un concurso se prevé que el tiempo de resolución sea de un año y medio, mientras que para las quiebras la tramitación de las causas es mucho más prolongado. “Es un proceso de largo aliento, porque se va acumulando hasta un punto que distribuye entre los acreedores”, sostuvo el juez.

Los concursos preventivos más relevantes

Entre los casos más ilustrativos de concursos preventivos de personas jurídicas que se tramitan en el juzgado Nº 9 de Paraná se encuentran el de una reconocida empresa de transporte y el de una cerealera del Departamento Paraná.

Al momento de repasar algunos antecedentes también es recordada la quiebra de la empresa Miguel Waigel y compañía, que afectó a alrededor de 1.500 personas entre ahorristas, trabajadores y acreedores.

El concurso preventivo es una instancia judicial que se habilita con el fin de tratar de reorganizar a una empresa, negociando con todos los acreedores. Para empezar el procedimiento se designa a un síndico, que es un auxiliar de la Justicia y el encargado de controlar mensualmente todo lo que hace el concursado. En ese marco, todos los que se consideren acreedores deben pasar por un tamiz, lo que se conoce como la verificación de créditos, que es el acto que acredita que esa persona es acreedor.

Este tipo de procesos son relativamente pocos en cantidad en comparación con las quiebras declaradas de personas físicas.