El presidente Alberto Fernández, desde la Casa Rosada, presentó este miércoles el proyecto de ley de Reforma Judicial, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

El jefe de Estado destacó que propone "organizar mejor la justicia federal" y que "el poder decisorio no se concentre en pocos magistrados" porque eso fue lo que llevó a que ese fuero "se politizara", que "los procesos no se desarrollaran con eficacia" y se "manipularan los tiempos en función del clima político imperante".

El mandatairo resaltó la necesidad de una reforma judicial para que "nunca más" exista "una política que judicializa los disensos", y aseguró que sin un sistema de justicia "independiente del poder político, no hay república y democracia".

El mandatario aseguró que "la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecue a la norma" y que "el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión".

Al presentar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, el Presidente repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina.

En ese marco, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri la Administración Federal de Inteligencia “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales y "el principio de inocencia en juicio se vulneró”.

"Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó. Y reafirmé ese mismo compromiso ante el Parlamento argentino, en el mismo instante en que asumí la Presidencia de la Nación", destacó Fernández.

"Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia", agregó. "Proponemos organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal".

El proyecto, punto por punto 

* Crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos‬ secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

* Propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo se ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes. Se aclaró que esta nueva estructura judicial "en nada afecta el principio del Juez Natural".

* Unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que y le otorguen el mejor funcionamiento.

* Transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente.

* La unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo

* Fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

El presidente mencionó se recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa “Justicia 2020”. El proyecto citado fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez.

La ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales. La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno anterior mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15. Su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder.

Por otro lado, se crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia. De sus recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir.