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Desde la Mesa de Enlace de las entidades del campo de Entre Ríos salieron a deslindar responsabilidades de los productores agropecuarios respecto de los incendios en las islas, y adjudicaron la situación generada a las "condiciones ambientales" de la provincia.
Las patronales rurales solicitaron "sincerar" el debate sobre el problema de los incendios en las zonas de islas del delta entrerriano, en especial refiriéndose a "distintos funcionarios, dirigentes u organizaciones" que "con total liviandad, acusan como responsables de los mismos a los productores agropecuarios".
Según el documento de las entidades del campo, debido a las "condiciones ambientales" actuales de la provincia "no existe ningún cuartel de bomberos que no tenga cuatro o cinco salidas diarias por incendios de pastizales en zonas urbanas, periurbanas o rurales". Entendieron, por lo tanto, que "no puede quedar exento a esta problemática la zona del delta, donde hay una gran masa de materia seca vulnerable y que ante cualquier descuido puede ser fácil presa del fuego".
"Tampoco nos sorprende que recurrentemente sea afectada la ciudad de Rosario por esta problemática, y que detrás de esta lamentable situación para los pobladores, sean siempre los mismos actores los que salgan a pedir sanciones y medidas extremas", dice el documento firmado por la Sociedad Rural, la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
"Pero si de debates equívocos hablamos, la solución propuesta de crear un enorme parque nacional, seria agravar sustancialmente el problema, ya que sin producción ganadera habrá mucho más material inflamable disponible y los incendios serán incluso más frecuentes", continuaron.
Luego aclararon que no avalan a "ningún productor que pueda haber incumplido la legislación vigente y para eso será la justicia quien determinará las responsabilidades".
Finalmente mencionaron estar a disposición para analizar las iniciativas legislativas que están en tratamiento en la provincia, y destacaron que es la Legislatura la que constitucionalmente "debe decidir sobre el destino de este estratégico sector entrerriano".
UNO
