La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná amplió las imputaciones por los supuestos delitos de Insolvencia fiscal fraudulenta y Quiebra fraudulenta de la firma Miguel Waigel y Cia SA. Se investiga una evasión de 4.724.969,85 pesos aproximadamente y un perjuicio a los acreedores de la firma, por un monto aproximado de 65.504.510,20 pesos.

La justicia federal integrada por Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, resolvió “rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Sergio Schmidt, Rosa Buttazzoni, Juan Pablo Waigel, Marcos Waigel, Benigno Keiner y Andrea Waigel, y confirmar la resolución que amplió el procesamiento de los nombrados por los hechos que fueran indagados, esto es insolvencia fiscal fraudulenta de la firma Miguel Waigel y Cia S.A., agravada por la concurrencia de dos o más personas para su comisión y en concurso ideal con la quiebra fraudulenta de la misma sociedad comercial”.

Las actuaciones llegaron a la Cámara en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los seis imputados contra la resolución que amplió el procesamiento. La compleja causa trata de determinar las responsabilidades en la presunta evasión de 4.724.969,85 pesos aproximadamente y un supuesto perjuicio a los acreedores de la firma, por un monto aproximado de 65.504.510,20 pesos.

Diez años

La Cámara estimó que “una pronta clausura de la instrucción y elevación a juicio, permitiría en la instancia del debate determinar las responsabilidades que hasta el momento se enrostran, y con ello, dar cabal observancia al derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito mediante una sentencia que establezca de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal”.

Además, “en razón del excesivo lapso de tiempo que ha insumido la instrucción de la presente, corresponderá, una vez más en el marco de estas actuaciones, exhortar al Juez Federal interviniente, para que arbitre todas las medidas que sean necesarias para concluir la pesquisa, correr vistas y elevar rápidamente la causa a juicio, en su totalidad”, replicó en su informe El Diario.

Defensas

La defensa de Schmidt cuestionó no hubo “ningún esfuerzo” por justificar la ampliación, señalando que sería “una copia casi textual de los antecedentes de la causa”. Refirió “a la necesidad de ahondar en la investigación, en avanzar en la producción de las medidas probatorias tendientes a lograr la convicción suficiente y necesaria que permita el dictado de auto de procesamiento”, y agregó que “no se ha ahondado en la verdadera participación de su pupilo en lo que se le acusa como ‘maniobra’, ya que el campo le pertenecería y que el auto le habría sido vendido siendo esposo de una directiva de la empresa fallida, sin que haya otra prueba en su contra”.

La defensa de los Waigel, Buttazzoni y Keiner, cuestionó “la imputación en masa” derivada de que “no se habría hecho un mínimo análisis de la situación particular de cada uno de los involucrados”.

También sostuvo que la resolución “sería arbitraria e inmotivada, por lo que solicitó que se la revoque y se dicte el sobreseimiento”. También planteó la prescripción por el paso del tiempo. Sostuvo que “la instrucción no puede quedar abierta indefinidamente” y “remarcó que la indagatoria prestada por sus defendidos en sede provincial es absolutamente válida y el llamado a la misma debe ser tomada como primer acto interruptivo de la prescripción, ya que la remisión al fuero federal de esos autos, no habría sido por causa de materia o de vecindad o de los diversos motivos que habilitan el fuero federal, sino por una cuestión de economía procesal, por lo tanto los actos allí realizados serían plenamente válidos”.

Rechazos

Fiscalía sostuvo que el resolutorio que amplió los procesamientos “se encuentra debidamente fundado”. Respecto al pedido de prescripción, opinó que “el auto en cuestión satisface los estándares de motivación, y que los argumentos de las defensas no ofrecerían razones suficientes para descalificar los aspectos que involucran a sus asistidos”. Solicitó que se rechacen los recursos y se inste nuevamente al juzgado que “aplique la mayor agilidad para así hacerlo posible”.

El representante de AFIP-DGI solicitó que se rechacen en todas sus partes las impugnaciones, con salvedades que expuso, y que “se recomiende al Juez a-quo que dicte el auto de elevación a juicio respecto del delito de insolvencia fiscal fraudulenta del cual su representada AFIP-DGI, es ofendida”. No contestó los planteos formulados en relación a la supuesta quiebra porque AFIP-DGI “no resulta ofendida del mismo, siendo la víctima del delito de insolvencia fiscal fraudulenta, cuya etapa instructoria se encontraría concluida…”.

Derrotero

La Cámara reseñó que las actuaciones se iniciaron el 11 de mayo de 2010 con la denuncia de los representantes de AFIP-DGI, que fue ampliada en febrero de 2011 y en 2013 en la solicitud de ampliación del requerimiento fiscal, “por conductas detectadas en oportunidad de tomar vista de los autos ‘Miguel Waigel y Cia SA s/Concurso Preventivo’”, las que constituirían prima facie delitos sancionados penalmente en la Ley Penal Tributaria…”.

La insolvencia se habría producido mediante maniobras realizadas para el “desapoderamiento de los bienes de la firma”, consistentes en “el ocultamiento y/o la transferencia de una serie de inmuebles, muebles registrables, y activos de la empresa, a terceras personas, físicas y/o jurídicas, algunas de las cuales habrían sido constituidas por parte de los propios integrantes de la presuntamente insolventada”. Se habría consumado entre el allanamiento realizado el 22 de noviembre de 2006 y hasta el 13 de septiembre de 2011.

El 4 de noviembre de 2015 se acumuló la causa proveniente de la Justicia ordinaria caratulada “Cerini Abelardo–Cerini Valentín s/su denuncia” que ingresó a la Justicia Federal bajo la carátula “Miguel Waigel Y Cia SA S/ Quiebra Fraudulenta”.

El juez federal sostuvo que la referida causa “… presentó ciertas particularidades desde el plano procesal, dado que ambas presentaban diferente grado de avance. Así la causa provincial se inicio en fecha 21 de mayo de 2010, habiéndose ordenado diversos allanamientos, detenciones e indagatorias, para luego declararse incompetente y remitirla a este fuero federal el 4 de noviembre de 2015 sin resolver la situación procesal de los diversos imputados”.