El caso Ilarraz marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia de Paraná. Es equiparable en importancia al expediente del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso y corrupción de menores. La única diferencia es que la condena a Ilarraz fue sensiblemente mayor: 25 años de pena por el mismo delito contra siete víctimas que lo denunciaron por abusos en el Seminario de Paraná. El proceso se volvió a activar por la demanda Civil iniciada por uno de los denunciantes y que actualmente se encuentra en una instancia de mediación. UNO pudo saber que otros dos sobrevivientes de abusos eclesiásticos se sumarán a la presentación, con la intención de lograr una reparación económica. Más allá del procedimiento, que consiste en acercar las posiciones de las partes, lo más saliente es que el demandante solicitó que se convoque a la mediación a los prelados Juan Alberto Puiggari, Estanislao Karlic y Mario Gervasoni.
Los dos primeros son figuras centrales de la investigación penal por el presunto delito de encubrimiento de los abusos ocurridos a fines de la década del 80 y principios de los 90. En el caso de Gervasoni declaró como en el juicio, aunque sostuvo que no estuvo al tanto de los abusos y por eso fue condenado en 2019 por falso testimonio.
Karlic y Puiggari, junto a su secretario privado, serán notificados en los próximos días de la apertura de la causa en la instancia Civil, según confirmó a este medio la abogada que tramita el proceso, Evangelina Bartoli. “Sería el primer paso para poder llegar a un acuerdo”, afirmó la letrada.

Explicó que el procedimiento prevé la reparación del daño en base a una reparación económica, una posibilidad que se había barajado por parte de algunas de las víctimas. A más de dos años de haberse concretado la condena Penal, los damnificados avanzaron con ese pedido que podría establecer un verdadero precedente jurídico. “No hay forma de reparar el daño que han sufrido. Es un caso difícil porque no hay antecedentes en el país sobre este tipo de delitos de índole sexual, donde está en el medio una institución. Sí las hay de abusos sexuales que se han dado en otro contexto, pero tenemos que atenernos a lo que dice la jurisprudencia de casos similares, análogos. Porque hasta este momento no hay ningún tipo de reparación para ninguna de las víctimas que han sufrido abusos por parte de miembros de la Iglesia”, reflexionó.

De todos modos la idea es establecer canales de diálogo para llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta que se está tramitando una instancia previa a la judicial.

“Las víctimas ya están bastante afectadas”, acotó Bartoli sobre un proceso que ha sido largo y doloroso.

El clero de Paraná volverá a estar en el centro de la escena, por su rol en un caso que dejó al descubierto las conductas aberrantes del cura Justo Ilarraz, y que según quedó demostrado en la causa Penal, tanto Puiggari y Karlic estuvieron al tanto de lo ocurrido con un grupo de jóvenes seminaristas. Consultada por la postura que podrían adoptar los prelados, la abogada consideró: “Espero que lo tomen de la mejor manera para las víctimas, que se puedan poner en el lugar de las víctimas. Necesitan una respuesta por parte de la Iglesia. No necesariamente todo gira en torno a lo económico, por ahí pasa por un pedido de perdón o un pedido de disculpa. Por reconocer que se equivocaron”.