En 2004, se inició una causa por apremio en el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Paraná a raíz del faltante de rendición de fondos girados por el Estado provincial a la Junta de Gobierno de Antonio Tomas -a 73 kilómetros de Paraná- por parte de la entonces presidente de la Junta, Inés Beatriz Martínez.

El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos había analizado la rendición de los fondos de la Junta de Gobierno y los números no cerraron. Se abrió entonces un expediente: «Tribunal de Cuentas de Entre Ríos c/Martínez, Inés Beatriz s/ Apremio”.

Insólitamente, debieron pasar 17 años para que ese entuerto encontrara cauce. Ahora,  el Estado alcanzó un acuerdo respecto de aquellos fondos no rendidos correctamente ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos por parte de la Junta de Gobierno de Antonio Tomas. Y, claro, la deuda se saldará en cómodas cuotas.

A través del decreto N° 3.286, del 1° de nociembre último, el Poder Ejecutivo aprobó «el ofrecimiento de pago formulado por la Sra. Inés Beatriz Martínez (…) , respecto de la cancelación de la deuda a favor del Estado Provincial y que ha sido reclamada por éste en los autos caratulados ´Tribunal de Cuentas de Entre Ríos c/ Martínez, Inés Beatriz s/ Apremio´ Expediente N° 8137, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 2, de la ciudad de Paraná».

El cálculo hecho por el Servicio Administrativo Contable de Fiscalía de Estado estableció que la suma areclamar es de $ 37.713,12, «comprensiva de capital e intereses», según aclara el decreto del Ejecutivio.

La norma legal habilitó a la Fiscalíla a «celebrar y suscribir un convenio de pago con la Sra. Inés Beatriz Martínez (…) por un total de $ 37.713,12, comprensiva de capital e intereses y pagadero en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 6.285,52, a los fines de cancelar la suma adeudada».

La propuesta de devolución de esos poco más de $37 mil en cuotas fue a propuesta de la propia expresidenta de la Junta de Gobierno de Antonio Tomas, y aceptada por el Estado, «en atención a finiquitar los conflictos suscitados; en la seguridad de que su mantenimiento genera mayores costos, como dispendio de recursos públicos y en tanto la propuesta formulada, resulta conveniente a los intereses del Estado Provincial», según el decreto publicado este jueves 9 en el Boletín Oficial, publicó Entre Ríos Ahora.