Tras mantener durante los dos primeros años de gestión un congelamiento tarifario, este 2022 el Gobierno modificó su política y aceleró los incrementos en los servicios de luz, gas y agua, con el objetivo de intentar contener los aumentos de los subsidios al sector. La suba de tarifas que se anunció esta semana comenzará a impactar en las boletas entre fines de septiembre y mediados de octubre, si la Secretaría de Energía logra tener lista la base de datos de usuarios segmentada y si los entes reguladores llegan a publicar los nuevos cuadros tarifarios antes del 31 de este mes.

En la primera parte del año, las tarifas de gas y electricidad aumentaron 21% para los beneficiaros de tarifa social y 42% para el resto de los hogares, a través de dos incrementos realizados en marzo y en junio. De hecho, la segunda suba (en torno al 19%) impactó en las boletas que llegaron en los últimos días.
En los próximos meses, en tanto, habrá tres aumentos bimestrales para los usuarios que pierden los subsidios y para los comercios. Para el resto de los hogares, se espera que suban las tarifas con la llegada de las altas temperaturas, cuando crezca la demanda y se supere el cupo de 400 kwh por mes que estableció el Gobierno como tope de consumo subsidiado.

Cada distribuidora tiene un corte de período de consumo distinto para sus clientes, que puede no coincidir con los principios y fines de mes. Los usuarios pueden observar en sus boletas cuál fue la fecha en la que se hizo la lectura del consumo bimestral (aunque las facturas sean mensuales). Como ocurre cada vez que se publica un nuevo cuadro tarifario, puede suceder que las boletas lleguen con dos tarifas distintas: el valor que tenían antes del aumento tarifario por el consumo realizado hasta esa fecha y la actualización para la demanda posterior. Las facturas que llegan estos días, en general, son por los consumos de gas y electricidad realizados entre mediados de mayo y mediados de julio.

La Secretaría de Energía anunció que el primer aumento se aplicará a partir del consumo de gas y electricidad de septiembre, lo cual comenzaría a impactar en octubre.

Ante, la cartera que dirige Flavia Royón debe enviar a cada ente regulador la lista de usuarios que perderán los subsidios, los que los mantendrán hasta un cierto consumo y los que seguirán con tarifa social, que, por lo tanto, no tendrán cambios en sus facturas.

Luego, cada ente regulador debe publicar los nuevos cuadros tarifarios para cada categoría de usuario, según su consumo, su nivel de segmentación y su ubicación geográfica (ya que varía el tope de demanda subsidiada). A su vez, las distribuidoras deben cruzar la información recibida con la base de clientes para aplicar el cuadro tarifario correspondiente.

Todo este proceso debería estar listo antes del 31 de agosto, para que comience a regir a partir de septiembre.

El Gobierno, a su vez, todavía está analizando qué hacer con los comercios y, en particular, con los consorcios, que son considerados personas jurídicas y no consumidores residenciales. Por lo tanto, se les aplica, en teoría, un tratamiento igual al que tienen los comercios; es decir, pierden completamente los subsidios, pese a que muchos de los consumidores que tienen el consumo comunitario no cumplen con los criterios para pagar la tarifa plena.

La Secretaría de Energía también teme que muchos de los hogares que no completaron la declaración jurada (4 millones de usuarios de electricidad y 3,5 millones en gas), que perderán los subsidios, sean usuarios de ingresos bajos y se vean afectados con los aumentos de tarifas. Por lo tanto, está procesando la información para identificar si entre esos usuarios hay hogares que reciben la tarifa social.