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Roberto en 2021 cuando tenía 53 años, se puso la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus. A la semana tuvo un infarto y asegura que fue un efecto adverso de la inoculación. Su caso está en la Justicia y el hombre pide ser resarcido.
Demandó al Estado argentino que "lo obligó a ponerse esas vacunas". También al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei) y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva).
La presunta víctima argumentó que el Estado tenía obligación de saber que la vacuna de la compañía farmacéutica de Reino Unido "estaba saliendo de circulación en varios países de Europa".
Roberto aseguró que "nunca jamás había estado internado ni tenía ningún problema de salud". Según recordó, tuvo una sensación rara al recibir la dosis de la vacuna y levantó un poco de fiebre. A los pocos días tuvo una complicación de salud que casi le cuesta la vida.
"Tuve una trombosis. Se me tapó una arteria de las principales y las otras dos estaban perfectas. Me salvé de casualidad. Estuve 15 horas con el infarto, hasta que no sentí que me estaba muriendo no fui al médico", señaló.
El paciente recibió en ese momento un stent y debe tomar medicación crónica de por vida y someterse a controles cardiológicos periódicos. Esta lesión, argumenta, provocó la pérdida de oportunidades para generar ingresos.
Las abogadas que lo representan aseguran que su denuncia es la primera del país. Esta semana trascendió también el caso de una mujer cordobesa que demandó al Estado y al laboratorio. Argumenta que la dosis le provocó efectos secundarios graves, ya que contrajo una debilidad muscular en las extremidades que le impide trabajar y desarrollar sus tareas habituales.
