Gobierno y sindicatos docentes se encontraron este martes en el Juzgado Laboral Nº4 en el contexto de la conciliación obligatoria que dictó el jueves 22 la jueza laboral Alejandra Abud, ordenando la suspensión de todas las medidas de acción directa en relación al conflicto durante un plazo de 20 días hábiles.

Tras la audiencia, el gobierno resaltó la "necesidad imperiosa de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos y de continuar con el diálogo entre las partes". Por parte del gobierno participaron el secretario general del Consejo General de Educación (CGE), Conrado Lamboglia, y los miembros paritarios, mientras que por el sector docente asistieron representantes de los gremios la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop).

Lamboglia manifestó que “continuando con la instancia administrativa pero en el ámbito judicial pudimos intercambiar opiniones de los criterios que vendría a tener la propuesta que vamos a ofrecer oportunamente. Quedamos en encontrarnos en estos días con los sindicatos para ir evaluando algunas diferencias que tenemos en cuanto a los números, va ser informalmente pero dentro del ámbito de la conciliación. Dentro de unos días vamos a tener más novedades”.

La conciliación obligatoria vence el 19 de septiembre. El funcionario precisó que en el encuentro no se tiraron números sobre la mesa pero “sí se fijaron criterio sobre los que van a versar las discusiones,  por ejemplo que no va haber suma remunerativa en la oferta. Ese sería uno de los criterios que se fijó”. Lamboglia añadió que también habrá que acordar “sobre el monto de la recomposición del primer semestre, para eso va ser la mesa técnica de discusión que se va realizar en estos días, probablemente el viernes, y nos estaríamos juntando el martes que viene ya con algo más concreto”.

Respecto del pedido de reajuste del salario para no perder poder adquisitivo, el funcionario sostuvo que “esas son las diferencia que tenemos en cuanto a ese número que vamos a tratar de discutir en esa mesa técnica para poder llegar a un acuerdo”.

Por su parte, Bruno Frizzo, enlace entre el Ministerio de Gobierno y el CGE, opinó: “Entendemos que el conflicto se dispara a partir de no poder acordar las partes los criterios para poder recomponer la pérdida, para ajustar el número de la pérdida salarial del primer semestre la que el gobierno reconoce pero no llegamos en esta instancia a poder ponernos de acuerdo en el número definitivo ni en la forma de pago. Entendemos que ese fue uno de los disparadores del conflicto”.

También expresó: “Decidimos no volver ni insistir con sumas remunerativas entendiendo también que fue otro de los elementos disparadores; es importante la población, el universo de jubilados, para el sindicato y para todos. Acordamos transitar los carriles de la negociación por esa vía, establecer un criterio de discusión para el segundo semestre, donde el salario no pierda frente a la inflación, buscar los elementos de recomposición que hablamos recién y que toda suma sea remunerativa”.

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