María Simón sobre divorcios sin pasar por un Juzgado: "Existen peligros de vulneración de derechos"

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presentó este lunes en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para simplificar el proceso de divorcio, que propone que la disolución del matrimonio pueda hacerse por vía administrativa, sin necesidad de generar un expediente judicial.

El alcance que conlleva en términos jurídicos, generó un pronto rechazo por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y en consonancia se expresó la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Dra. María Marta Simón, que calificó como una "alta preocupación" la modificación que se pretende instaurar en el país.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, quien encabeza el Colegio provincial que nuclea a los abogados matriculados en Entre Ríos, explicó: "Realmente es un tema que nos tiene muy, muy preocupados. Este proyecto que hoy está analizándose, es diferente al que se pretendía introducir dentro de la llamada Ley Bases; pero busca exactamente lo mismo: sacar de la órbita del Poder Judicial al divorcio vincular, o sea, que la extinción del matrimonio sea meramente administrativo. El divorcio implica la disolución de un vínculo familiar, pero no solamente entre personas, sino de un vínculo patrimonial. Es muy importante que así lo entendamos. Porque el matrimonio implica un patrimonio común entre los cónyuges, lo que nosotros hablamos en derecho como 'un bien ganancial'. A partir del matrimonio, la pareja pasa a tener bienes comunes y esa disolución tiene que estar en cabeza de un juez, para poder resguardar y proteger los derechos de las personas, ni más ni menos, de cada una de las partes. Esto también involucra derechos y obligaciones que surgen de ese vínculo familiar frente a los hijos y a terceros".

"Se intenta plantear como un acto voluntarista, cuando en realidad es un tema complejo", aseveró y en esa línea de pensamiento, Simón agregó: "No es que vamos a casarnos al Registro Civil, porque somos dos personas libres, capaces, expresamos la voluntad -que va a implicar un montón de obligaciones y de derechos, que se adquieren a partir de ese nuevo estado- y después, con sólo avisarle al Jefe del Registro que nos queremos divorciar, ya se soluciona todo. El acto no tiene el mismo efecto y existen peligros de vulneración de derechos de las personas que deciden disolver el vínculo".

El Gobierno Nacional confirmó el envío del proyecto al Congreso Nacional, argumentando que sería una manera más simple, más rápida y más económica de poder divorciarse. Acerca de esas conceptos, la letrada y autoridad del CAER, manifestó: "Siempre que hay derechos en juego, la acción no va a ser ni simple ni rápida. O sea, ¿qué define lo simple o lo complejo cuando hay derechos en juego de personas que muchas veces llegan a un litigio para poder resolver sus situaciones?, llegando a poner en manos de un juez -que es imparcial-, las aristas de esa disolución del vínculo", preguntó abiertamente la abogada. Apuntando a otro de los aspectos, añadió: "Dudo que vaya a ser más barato. Es una expresión de deseos frente a un órgano administrativo, como es el Registro Civil. No va a ser cosa juzgada, al menos en el sentido que lo es una decisión judicial, con lo cual esto va a poder ser revisable después judicialmente, si afectó derechos de terceros -por ejemplo-, con lo cual podemos generar nuevos litigios que hoy no los hay, justamente por cómo está estructurado. Y más rápido tampoco -un divorcio de común acuerdo, sin ningún tipo de problemas entre los cónyuges, por ejemplo en Gualeguaychú se está resolviendo en dos o tres meses. No sé cuál sería el tiempo que se pretende ahorrar, en un proceso tan difícil como es la disolución de un vínculo legal, que ha generado derechos y obligaciones, no sólo entre los cónyuges, sino muchas veces hacia terceros". En ese amplio abanico podrían estar las cuotas de un vehículo o de un crédito, entre muchas otras situaciones.

Con respecto al acortamiento de plazos, agregó: "Hoy el Registro de las Personas en Entre Ríos, está demorando siete u ocho meses en la inscripción de un divorcio. O sea, lo que la justicia resuelve en dos meses, el Registro está tardando 8 en inscribir la sentencia; con lo cual no sé tampoco qué tan rápido va a ser, sin modificar la estructura pública. Con los recursos que hoy tienen las sedes del Registro de las Personas, va a significar esperar muchísimo tiempo para poder efectivamente realizar un divorcio".

Simón afirmó que lo que se conoce del proyecto deja muchos interrogantes sin responder y en tal sentido, enunció: "No menciona nada de la división de bienes. Nos preocupa, porque en el anterior proyecto que se intentó con este fin, al menos indicaba que las personas que se presentaran ante el Registro Civil no debían tener hijos. Este proyecto no hace esta diferenciación".

La especial atención que deben tener los menores y un sinfín de derechos y obligaciones que se desprenden de una unión matrimonial, acrecienta los motivos de rechazo al proyecto nacional: "Los jueces de familia, son especializados, y según los estándares internacionales, todas estas convenciones de derechos humanos, todos los pactos internacionales que la Argentina ha suscrito, le dan una protección súper especial a lo que es la familia. El divorcio, que es la terminación de este vínculo, puede llegar a vulnerar derechos que son personalísimos de las personas. Entonces, realmente es preocupante".

Quien preside el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos encendió las alarmas respecto de los derechos que por desconocimiento y falta de asesoramiento jurídico, los cónyuges pueden dejar de ejercer en forma individual y que expira el plazo de poder después reclamarlo. A modo de ejemplo, se refirió a la compensación económica: "Cuando se disuelve el vínculo matrimonial, empiezan a correr plazos para poder exigirse obligaciones entre los cónyuges. Vamos a un caso de un matrimonio típico digamos, que se mantuvo durante muchos años, donde la mujer se ha dedicado a la casa, a cuidar a los niños, a asistir a su esposo, ya que el marido salía a trabajar y era quien proveía los alimentos para esa familia. Esa mujer, que no dedicó tiempo a la producción de bienes ni a la producción dineraria, pero sí dedicó todo su esfuerzo a esas tareas hogareñas y de cuidado, que también favorecieron al esposo, tiene sólo 6 meses para reclamar una compensación económica por todos esos años de cuidado familiar. Un plazo muy chiquito, y ¿cómo va a correr ese plazo si las personas van a un registro civil y piden disolver ese matrimonio?, ¿A partir de qué momento se empieza a contar ese plazo? O sea, ¿cómo puede esa mujer saber que cuenta con ese derecho, si no tiene asistencia profesional?" 

En términos conceptuales, la Dra. María Simón expresó: "Disolver la sociedad conyugal involucra muchos derechos y muchas obligaciones, y por lo tanto debe estar bajo la órbita judicial y debe hacerse bajo asesoramiento jurídico. Cuando alguien se casa, pasa a tener un régimen patrimonial distinto, lo que cobra cada uno para a ser un bien ganancial. Disolver un patrimonio implica también contar con la mirada de un juez, que es imparcial. Ojalá se escuche a los abogados, porque los especialistas en familia son mejor que nadie para poder explicar cómo un Código es un todo, integral. Cuando se toca el Código Civil y Comercial, que regula las relaciones humanas y las relaciones entre las personas en general -donde está incluido el matrimonio y el divorcio-, afecta a otros derechos, como los derechos sucesorios, y otros que se ven tocados, porque son parte de un todo. Entonces a ese aspecto también lo queremos analizar con los otros institutos. En su momento lo hicimos y también se lo transmitimos a los legisladores, para que entendieran la responsabilidad que conlleva el análisis de estas supuestas soluciones que se plantean y que en realidad, no tienen por ahí el suficiente análisis en cómo afecta a todo el resto de los derechos, a la vida misma de las personas. Por eso la práctica jurídica es tan importante. La vez anterior tuvimos una excelente recepción por parte de los legisladores, nos escucharon, nos entendieron y bueno, esperamos que esta vez sea igual. Vamos a intentar por el mismo camino", anticipó.