El lunes 12 de febrero a la mañana la sociedad de Paraná tomaba conocimiento por un video casero de las últimas instancias del procedimiento en el que un grupo de efectivos de la Jefatura Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos redujo a Ariel Goyeneche, que aparentemente atravesaba un brote consecuencia del consumo problemático de estupefacientes y pedía auxilio porque creía que lo perseguían para quitarle la vida.

Posteriormente y ya con el hombre de 36 años fallecido, desde la fuerza se informó que se tomó intervención a partir del llamado de vecinos de calle Piedrabuena que advirtieron que un desconocido deambulaba por los techos de las viviendas de la cuadra. También se reconoció que los vecinos y los mismos policías que llegaron al lugar manifestaron que Goyeneche no estaba agresivo ni se resistió a aquella primera intervención policial. La situación se habría salido de protocolo dentro del móvil policial que lo trasladó a comisaría segunda, a escasos 20 metros de la sede de la Jefatura Departamental Paraná. La secuencia, apoyada por el video que estuvo en las redes sociales y en los medios de comunicación locales a los pocos minutos del hecho, dio cuenta, al menos, de un procedimiento de reducción que, en primera instancia, admitiría cuestionamientos serios.

No ayudó en aquellos primeros momentos de la investigación las manifestaciones del ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, que respaldó el accionar de los funcionarios a su cargo. Tan mal cayeron en la familia los dichos del funcionario que le pidieron que se rectificara. Unos meses después, los funcionarios fueron pasados a disponibilidad mientras se desarrolla la investigación.

Las partes

Damián Petenatti e Iván Verneng, asisten a los suboficiales, Lisandro Romero y David Vázquez; y Eduardo Gerard, al oficial Alan Vázquez. El lunes 11 de noviembre lograron que el juez de Garantías de Paraná, elvio Garzón, remita las actuaciones, con todo lo accionado hasta ahora por los médicos forenses del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia y de los peritos de parte, para que se dé participación a una tercera opinión por parte de los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El propósito es aportar más elementos para determinar la causa de la muerte de Goyeneche, ocurrida en la vereda enfrente a la comisaría segunda de Paraná.

Previamente, las defensas habían cuestionado el informe autópsico elaborado por los peritos entrerrianos y propusieron los suyos, que arribaron a conclusiones diferentes a la de los peritos oficiales. En aquella audiencia Garzón decidió, por cuestiones de economía procesal y libertad probatoria, acompañar el pedido de las defensas y les dio a las acusaciones –a cargo del fiscal Santiago Alfieri y la querellante Corina Beisel- tres días para que presenten los puntos que creen necesario que los peritos de la Corte evacuen. La defensa de Romero y Vázquez presentó 16 y la del oficial Vázquez, 24 puntos.

Fiscalía, en un primer momento sostuvo que no era necesario que el informe oficial de la autopsia fuera revisado por los peritos de la CSJN, sosteniendo que los peritos entrerrianos podían hacerlo, pero las defensas cuestionaron que no sería adecuado que los autores de un informe seriamente cuestionado sean quienes evacuen las dudas que generó en la contraparte.

Así, a un mes de cumplirse un año de una muerte evitable que expuso la necesidad de contar con un protocolo específico para abordar a ciudadanos afectados por problemas de salud mental o por consumos problemáticos, y a casi dos meses de la remisión de las actuaciones vinculadas con las autopsias a los peritos de la Corte Suprema, no hay noticias de avances en una causa que puede marcar un antes y un después en los protocolos de actuación policíaca.

La previa

Petenatti y Vernengo cuestionaron el martes 29 de octubre de 2024 los informes autópsicos practicados sobre el cuerpo de Goyeneche el 14 de febrero y el 26 de junio de 2024, que fueron escritos por Lilian Pereyra, perito del Cuerpo Médico Forense de Tribunales de Entre Ríos y acompañó el que realizó su perito de parte, facultativo y consultor médico, Oscar Chiappetti.

Por su parte, Gerard basó su pedido en el informe que realizó el médico forense Walter Aguirre, ahora jubilado, de larga trayectoria en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial entrerriano, que llegó a conclusiones sobre las posibles causas de la muerte de Goyeneche, totalmente opuestas a las de Pereyra. (APFDigital)