Prisión preventiva por el plazo de 120 días a cuatro ex altos directivos de Vicentín

En las últimas horas, la justicia rosarina dictó la prisión preventiva por el plazo de 120 días para cuatro ex altos directivos de Vicentín. Se trata de Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. La medida tiene prórroga automática en caso de que se tenga que ampliar la acusación.

"El tribunal tuvo por acreditada la responsabilidad penal, el riesgo de fuga y las maniobras para tratar de amedrentar a las víctimas", aseguraron fuentes del caso. 

Las aprehensiones se dieron hace unos pocos días y fueron solicitadas por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. Están relacionados con la investigación por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta contra ex directivos de la empresa, consignó Rosario3.

Las detenciones obedecen a que los fiscales descubrieron que, pese a haberse retirado del directorio, seguían orquestando por detrás maniobras oscuras con los fondos que ingresaban a la empresa.

La última semana se dieron más de 20 allanamientos relacionados con la causa contra los exdirectivos de la firma Vicentín. Los operativos fueron solicitados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja en Rosario, Reconquista, Avellaneda y algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. 

La firma está en convocatoria. Hoy tiene un pasivo post concursal de 5 mil millones de pesos, no puede pagar los sueldos en tiempo y forma, y afronta riesgo de quiebra. 

Por “autodespidos” se habrían llevado $1.960 millones

Así se desprende del primer informe que los nuevos veedores del concurso le presentaron este viernes. 

Los principales ejecutivos de Vicentín se autodespidieron embolsando una suma de $1.960 millones de pesos, según se desprende del primer informe que los nuevos veedores del concurso le presentaron este viernes al juez de la convocatoria Fabián Lorenzini.

En efecto, Andrés Shocron y Guillermo Nudenberg fueron designados por el juez como veedores luego de que los gremios aceiteros denunciaron que terminada la intervención judicial (en agosto del año pasado) empezaron a sucederse problemas de caja y además advirtieron un posible vaciamiento.

Los veedores –que eran exinterventores– se pusieron a trabajar y acercaron las primeras conclusiones en la que aparece el dato revelador del dinero que se llevaron cuando, en paralelo, no están pudiendo pagar los sueldos y tienen todas las planta paradas. Y ocurre que, mientras pidieron autorización para hacer un duro ajuste argumentando la falta de liquidez, los ejecutivos que manejaban la empresa al momento de provocar el mayor default de la historia del mercado de granos, se retiraban llevándose casi $2.000 millones