El proyecto legislativo apunta a destinar al menos $1.500 millones anuales, al apoyo económico y técnico de iniciativas que promuevan la gestión integral de residuos y el cuidado del entorno natural.
Entre Ríos20 de abril de 2025
Según el texto presentado en el Senado Provincial, el fondo estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Desarrollo Territorial, con intervención técnica de la Secretaría de Ambiente, y tendrá como objetivo asistir a municipios, comunas, juntas de gobierno, cooperativas, universidades y organizaciones sociales sin fines de lucro.
El proyecto fue presentado por la senadora justicialista del departamento La Paz, Patricia Teresa Díaz.
“Créase el Fondo de Financiamiento Ambiental [...] con el objeto de asistir financiera y técnicamente a [...] entidades sin fines de lucro que desarrollen actividades relacionadas con la gestión integral de residuos y/o el cuidado del ambiente”, detalla el artículo 1 del proyecto.
Los recursos se destinarán a una amplia gama de acciones ambientales, incluyendo:
-Construcción y mejora de centros de reciclado y disposición final de residuos.
-Compra de equipamiento para la recolección y tratamiento de basura.
-Saneamiento y cierre de basurales a cielo abierto.
-Programas de inclusión y fortalecimiento de cooperativas de recicladores urbanos.
-Campañas de educación ambiental formal y no formal.
-Estudios, capacitaciones y desarrollo de tecnologías limpias.
El artículo 2 destaca que también se apoyarán proyectos vinculados a la economía circular y la restauración de ecosistemas dañados por prácticas contaminantes.
El proyecto prevé una fuente de financiamiento diversa: desde asignaciones del presupuesto provincial, hasta donaciones, aportes de organismos nacionales e internacionales y el uso específico de multas por infracciones ambientales.
Además, los subsidios o créditos que se otorguen podrán ser no reintegrables o blandos, es decir, con condiciones flexibles de pago, y deberán estar acompañados de una rendición de cuentas técnica y financiera.
Una de las cláusulas más importantes del texto establece que el Presupuesto General del primer año posterior a la sanción de la ley deberá prever una partida mínima de $1.500 millones, actualizable por inflación según el índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC. (APFDigital)
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