Este 15 de mayo, se llevará adelante una importante prueba ordenada por la Justicia de Diamante, en el marco del legajo penal instruido por la muerte de Guillermo Ramírez, vecino de Libertador San Martín. La causa continúa con 4 funcionarios policiales imputados, cuyo proceder está bajo la lupa de la magistratura.

Horas antes de la etapa a practicarse en la Morgue Judicial de Oro Verde, el abogado querellante -quien representa a la familia de Guillermo Ramírez-, Dr. Nélson Schlotahuer, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Este jueves estarán llevándose adelante en el laboratorio del Departamento Médico Forense, los procedimientos que darán respuesta a los puntos de pericia que conforman la autopsia y que son específicos en partes del organismo de Guillermo Ramírez. El cuerpo aún permanece en la Morgue Judicial -de Victoria y ahora trasladado a Oro Verde-, habiendo sido reservado para ser sometido a estudios solicitados, con la premisa de determinar con mucha verosimilitud qué fue lo que sucedió en su organismo en los momentos previos al desenlace que se investiga. Para nosotros, lo que pasó es consecuencia de la actividad de los imputados. Básicamente estas pruebas forenses conforman la autopsia, y se practican en todos los casos de muerte violenta. En este caso particular, prácticamente en 24 horas se había elaborado un Informe Preliminar -que fue el que se conoció públicamente-, que daba cuenta de una gran cantidad de golpes en el cuerpo de Guillermo y que su muerte se había producido por acción mecánica; además de que presentaba fracturas de costillas, hematomas en distintas partes, mucha sangre en sus pulmones; todos indicadores que referían que sufrió una muerte violenta. Producto de ese resultado y con posterioridad a ese informe preliminar, el Departamento Médico Forense procede a elaborar el Informe Final de autopsia, para ya descartar cualquier supuesto y en esa instancia, la Defensa tiene derecho a plantear puntos específicos -que lo ha hecho-, como así también debe darse cumplimiento a un protocolo especial que rige para los casos de presunta violencia institucional. De manera que todos estos elementos son tenidos en cuenta ahora y este estudio -que se hará este jueves 15-, arrojará resultados finales en un plazo de poco más de un mes aproximadamente. Calculamos que recién a fin de junio vamos a estar en condiciones de tener el Informe Final de la autopsia".

La querella pidió cotejo informático

La búsqueda de justicia de los familiares de Guillermo Ramírez está siendo acompañada con un comprometido ejercicio profesional de la querella, que minuciosamente analiza cada uno de los elementos probatorios que se van reuniendo en el expediente. En tal sentido y ante algunas dudas, Schlotahuer pidió una pericia puntual: "Se ha colectado mucha prueba fílmica, proveniente de las cámaras de videovigilancia que pertenecen a la Municipalidad de Libertador San Martín y cuyas imágenes se replican en la Comisaría de esa localidad. Sobre ese material se ha pedido un cotejo informático, porque al analizar las filmaciones, hemos detectado algunas inconsistencias en los videos, vinculadas a tiempos de duración de secuencias que no coinciden con el que efectivamente se visualiza. Entendemos que eso debe ser analizado por profesionales especialistas, para que nos digan mediante un informe pericial si esos videos son fieles a su captura, si no han tenido ninguna alteración, básicamente en lo relativo al momento de la detención de Guillermo Ramírez y a los sucesos ocurridos en la zona de la plaza. Los idóneos son quienes podrán fehacientemente dar garantía y aguardamos poder contar con sus conclusiones. Es un requerimiento que en este momento está a consideración del Laboratorio Informático Forense del Poder Judicial, sin perjuicio que pidamos alguna otra prueba relacionada también", explicó el letrado. 

Más de medio centenar de testimoniales, en el análisis de la magistratura 

"La causa está muy activa", definió el Dr. Nélson Schlotahuer, al dar cuenta de la intensa agenda que desarrolla esta Investigación Penal Preparatoria y a modo de referencia, indicó: "Se tomaron aproximadamente 60 testimonios en la causa". Asimismo, haciendo una mirada general, consideró: "En un proceso, cada parte tiene un rol. En mi caso como querellante, es una posición cercana a la Fiscalía -participamos de la tesis- en la que estamos acusando a cuatro personas de haber intervenido en la muerte violenta de Guillermo Ramírez, en ocasión de su desempeño profesional. Entendemos que los testimonios que se han recolectado hasta el día de la fecha -por iniciativa de la propia Fiscalía y con participación de la Defensa y de la representación civil-, dan cuenta de cómo sucedieron los hechos. También sabemos que nos están faltando personas por declarar, que pueden tener un rol gravitante en este proceso. Es importante destacar que se continúa la investigación respecto a dar con todas aquellas personas que pudieron haber presenciado de forma directa el suceso de esa noche". 

"Al hueso" de las comunicaciones

Otro caudal probatorio proviene de las pericias en dispositivos tecnológicos, sobre lo cual el profesional manifestó: "Hace pocos días tuvimos acceso a las pruebas surgidas de los secuestros de teléfonos celulares de los cuatro imputados, que en ese momento eran funcionarios con desempeño en Comisaría Libertador San Martín. También ameritó una presentación, porque en lo que son las comunicaciones que se dieron en esa noche del 27 de febrero, entre algunos de los imputados y terceras personas, detectamos un elemento que entendemos interesa a la investigación y puede tener un valor fundamental".  

Actitudes que abren interrogantes

A medida que se repasan uno a uno los dichos de quienes nutren el legajo judicial, surgen datos concretos y también nuevas preguntas. No todas concentran un compromiso penal, algunas son al menos inquietantes y de interpelación social. En ese contexto de diálogo, vale mencionar: "La esposa de Guillermo ha dado su testimonio en el expediente, respecto a qué pasó esa noche. No nos olvidemos que esa misma noche -sin saber que su esposo había muerto-, ella recibió la visita de un policía, en un patrullero", comentó el letrado y agregó: "Realmente realizó una acción que no corresponde, desacertada. Se actuó de muy mala manera. Aparecerse en patrullero durante la noche y no le informó en ningún momento de lo que estaba pasando, de lo que le había ocurrido al esposo, cuando hacía más de una hora que había muerto Guillermo. O sea, son actitudes que tuvo personal de la fuerza, que realmente no son las adecuadas ni las correctas. No se comportaron con el debido respeto. No nos olvidemos que incluso, en horas de la madrugada, comparece el Jefe Departamental a la casa de familiares de Guillermo, donde estaba presente su hermana y su esposa, y ahí les manifiesta una versión de los hechos que no tiene nada que ver con lo que sucedió. Hay varias cuestiones que no tienen asidero en lo que sucedió, de acuerdo a los elementos que hoy tenemos en el expediente, y que esa misma noche ya se sabían o debían saberlas. Hay mucha evidencia que habla de un proceder, por lo menos, altamente sospechoso". 

4 policías imputados, con restricciones 

El oportuno cese de la prisión preventiva, bajo la modalidad de arresto domiciliario, tal como ocurrió en la segunda semana de abril, era esperable en el proceso; habida cuenta que no se configuraban las condiciones para mantenerla, como el riesgo de fuga ó el entorpecimiento de la investigación primaria, que son los principales recaudos. No obstante, la justicia de Diamante le impuso una batería de medidas de conducta durante 90 días, mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria.

En cuanto a esa condición de libertad con restricciones, el abogado señaló: "Es muy probable que estas restricciones se mantengan. Son lógicas, no causan ningún daño o gravamen, están dentro de los derechos que tiene cualquier imputado. Acá no hubo una imposición, sino que fue un acuerdo, con la Defensa también. Entiendo que se pueden renovar, si los plazos de los elementos probatorios así lo requieren, porque justamente tienen que ver con no realizar ninguna actividad tendiente a obstaculizar el desarrollo de esta etapa del proceso. Eso es en sí, la esencia de cualquier medida cautelar en esta instancia". 

Una familia que atraviesa el dolor aferrada a la esperanza de justicia

El "último adiós" a Guillermo Ramírez se hace agónico para la esposa y los hijos. No menos crudo de sobrellevar para el resto de su familia, amigos y allegados. Algunos en Libertador San Martín y otros en Santa Fe, su ciudad natal y en la que vivió hasta su llegada a suelo entrerriano.

"Obviamente se encuentran muy afectados, porque no han podido tener ese momento íntimo, de despedida, que cualquiera quiere tener con un ser querido y más con alguien tan importante en la vida de ellos", reveló el Dr. Nélson Schlotahuer, teniendo no sólo palabras de respeto para con la esposa (su representada) e hijos, sino destacando y la actitud que como familia han asumido: "Lamentablemente, las pericias sí o sí se tienen que realizar, y hacen que esta espera sea necesaria. Tienen una paciencia que realmente es ponderable. Y han actuado en todo momento muy respetuosos de los plazos, con actitud colaborativa pese a la dimensión emocional que les representa".

"Hay un protocolo de actuación, que la Policía tiene que cumplir"

El abogado querellante bregó por una reflexión institucional, y por una mirada de la comunidad que lejos de sesgarse en estereotipos, se enfoque en el trasfondo respetuoso de la ley, que toda sociedad requiere en su funcionamiento. En tal sentido, expresó: "Hay muchas cuestiones que han quedado -de alguna manera- evidenciadas, y que por ahí no se condicen con determinadas posturas, que personalmente repudio, y que tienen que ver con que la persona había sido detenida supuestamente por una contravención. Se plantea como que en algún punto, eso justificaría el procedimiento que se llevó adelante para su detención. En muchísimas oportunidades lo he dicho y lo reafirmo, hay un protocolo de actuación que la Policía tiene que cumplir. En este caso no se cumplió y no es el único caso, no es un hecho aislado. Tenemos que tener en cuenta, que cualquier persona -no importa el delito que cometa, pero ni que hablar cuando se menciona una contravención, que es un tema aparte y que ameritaría reformas legislativas dada la antiguedad normativa-, cuando es detenida, salvo que ofrezca una resistencia desproporcional, no conlleva el uso de la fuerza desmedida. Acá nada de eso sucedió. Guillermo estaba en la plaza, no realizaba ninguna actividad delictiva, y terminó en una situación desgraciada para todos, más para su familia".

"Cuando hablamos de violencia institucional, hablamos de que el Estado no cumplió con su deber; que en este caso era actuar conforme la ley. La Policía -particularmente en el Estado de Derecho-, tiene el monopolio de la violencia institucional", concluyó Schlotahuer.